La fracturación hidráulica amenaza a la Reserva de Caza del Kalahari Central. A la ya sabida extracción de diamantes iniciada en los años ochenta en Botsuana, una nueva actividad conocida como fracking se ha impulsado afectando a la reserva del corazón del país.
El fracking es la fracturación hidráulica de la roca para extraer gas natural. Para la consecución del gas es necesario excavar pozos en los que se inyecta millones de litros de agua combinados con diversos productos químicos. El proceso contamina las aguas subterráneas, aumenta la emisión de gases perjudiciales a la superficie y puede ser causa de temblor sísmico.
La organización OSISA (Open Society Iniciative for Southern Africa) desveló el pasado lunes los planes del gobierno botsuano con un mapa de las concesiones realizadas en la Reserva de Caza del Kalahari Central. En esta publicación, de la que también se ha hecho eco el periódico inglés The Guardian, se explica cómo se han otorgado licencias comerciales para la extracción de gas que pueden poner en peligro la segunda reserva más extensa del mundo.
Activistas y organizaciones ecologistas ya se han pronunciado contra estas concesiones e incluso existe un documental, The High Cost of Cheap Gas, que informa sobre las graves consecuencias que la fracturación hidráulica puede tener en el medio ambiente.
Ante estas acusaciones el gobierno de Botsuana negaba cualquier tipo de fracturación hidráulica en la Reserva de Caza de Kalahari Central el pasado martes.“Actualmente no existen operaciones de fracking en el país con excepción de distintas perforaciones de exploración de varias compañías”, mantenía el ministro de Minerales, Energía y Recursos Hídricos, Onkokame Kitso Mokaila.
Sin embargo, la compañía sudafricana SASOL hacía público en su página la participación conjunta en tierras botsuanas con la multinacional energética australiana Origin Energy. Esta noticia desvela que las empresas han obtenido tres licencias para “determinar la cantidad de gas natural disponible y su viabilidad para su futuro desarrollo comercial”. Las licencias, cuya duración son de dos años, permiten estas actividades a lo largo de aproximadamente 3.000 km2 en la región central de Botsuana.
Incluso el propio director de Desarrollo de Gas de SASOL, Steve Boden, comunicó que no se les requirió ningún tipo de plan de gestión ambiental para la consecución de las licencias.Con el gobierno local intentando desmentir estas afirmaciones, los bosquimanos desconocen estas intenciones que ponen en peligro su hábitat. El pueblo indígena puede ahora ser testigo de la verdad de sus expulsiones de la reserva. Las intenciones del gobierno de mejorar la vida de los bosquimanos y la excusa de que su estilo de vida de caza y recolección daña el ecosistema se convierten en pretextos que esconden intereses económicos y políticos.
Con los problemas derivados de la fracturación hidráulica serán los propios bosquimanos los que no tengan más remedio que abandonar sus tierras. El uso de compuestos químicos para facilitar la degradación de la roca es necesario en la extracción del gas. Este vertido contamina las aguas subterráneas por lo que pozos de agua potable utilizados por los bosquimanos pueden quedar obsoletos. Otra de las consecuencias directas del fracking es la contaminación del aire. Entre un 20% y un 50% del agua empleada en la extracción vuelve a la superficie trayendo gas metano, entre otros metales pesados, muy perjudicial para la atmósfera y que aumenta el calentamiento global.
Además, la proliferación de multinacionales interesadas en la extracción de gas ha provocado que el propio gobierno de Botsuana ponga en peligro uno de sus atractivos turísticos. El impacto medioambiental que puede sufrir la región central del país es un revés para la Reserva de Caza del Kalahari Central. El parque nacional puede verse invadido por plantas energéticas, pozos y tuberías y animado por el ir y venir de camiones de gran tonelaje necesarios para transportar el gas extraído.
A la vez que el gobierno botsuano arremete contra la organización Survival Internacional por boicotear su sector turístico con la campaña en defensa de los bosquimanos “yo no voy a Botsuana”, es el propio Ejecutivo quien paradójicamente puede ser el responsable de la caída de esta industria.
Fuente: guinguinbali.com
