Tomás Quintana, Procurador del Común de Castilla y León, ha remitido a la Junta de esta comunidad un expediente por el que resuelve solicitar «a la mayor brevedad posible» la realización de «un nuevo censo actualizado de los lobos existentes, con el fin de solventar las deficiencias en que ha incurrido esa Administración» mencionadas en distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Además, solicita a la Junta que tras la realización de dichos estudios técnico-científicos «se determine por el órgano competente» de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, «si el lobo puede seguir siendo una especie cinegética al norte del río Duero, y la distribución, en su caso, del número de capturas permitidas de ese animal en los diferentes cotos y reservas regionales de caza».
El Procurador de Común señala además en la resolución que «no pretende en absoluto valorar o enjuiciar el Censo Regional del Lobo del año 2012/2013, sino únicamente instar a la Administración autonómica para que lleve a cabo los seguimientos, prospecciones y censos» que permitan compatibilizar la protección del lobo con el desarrollo de una actividad ganadera «tan necesaria para garantizar la pervivencia del medio rural».
Cuando el Procurador del Común admitió la queja de Lobisome Naturaleza, solicitó a la Junta los informes del censo del lobo 2012-2013 porque la asociación consideró que la metodología «sobredimensionó» el número de ejemplares «para fomentar su caza».
Sentencias en contra de la Junta
El Procurador del Común hace referencia en la resolución a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 17 de mayo de 2017, de 25 de enero y 12 de febrero de 201, y de 12 de diciembre de 2019, que anulaban el decreto que regulaba la conservación de especies cinegéticas, el plan de conservación del lobo de 2016 y los sucesivos planes de aprovechamientos cinegéticos comarcales del lobo al norte del Duero de cuatro temporadas de caza: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.
El Procurador del Común ha recordado también en el expediente que el TSJCyL ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad y el Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, ambos aceptados por el Tribunal Constitucional.
Defensa de la Junta de Castilla y León
Según indica Eldiario.es, la Consejería de Fomento defiende que el censo se realizó en el marco del censo nacional y siguiendo la metodología del Grupo de Trabajo del Lobo coordinado por el Ministerio y en el que participaban «todos los responsables de la gestión del lobo en las comunidades autónomas». El informe se realizó con la participación de 700 profesionales y se recorrieron 3.382 itinerarios a pie, de 51.230 kilómetros en total y se realizaron 1.512 estaciones de observación y 1.435 estaciones de escucha.
«Se puede asegurar que se ha tratado del censo con mayor esfuerzo de muestreo realizado hasta la fecha en Europa», destaca la Junta de Castilla y León, que niega haber sobredimensionado las poblaciones.
