¿Conservacionismo o gestión de especies en Extremadura?

El mundo de la caza rechaza los nuevos planes de conservación aprobados por la Junta para el buitre negro, el águila perdicera y el águila imperial. Afirman que “no hay razones biológicas que los justifiquen” y Aproca estudia medidas legales, publica elperiodicoextremadura.com.

El sector cinegético se siente agraviado por la medidas emprendidas por la Consejería de Medio Ambiente en los planes de conservación de especies protegidas como el águila perdicera, el águila imperial y el buitre negro. No es el primer desencuentro entre la Administración regional y los cazadores en los últimos meses, y ellos lo atribuyen a que el Ejecutivo está “ignorando” las alegaciones que presentan en favor de las propuestas de las organizaciones ecologistas.

La sensación compartida entre los representantes de la Mesa de la Caza es que “no hay criterios objetivos que justifiquen los cambios que se han decidido con seis meses –y un gobierno– de diferencia”, tras años de “trabajo responsable por la conservación que ha dado buenos resultados porque las poblaciones se han incrementado”, coinciden en destacar los representantes del sector cinegético. La Junta de Extremadura no valora las quejas del sector cinegético.

Las órdenes publicadas el el 22 de abril en el DOE amplían los periodos sensibles para el águila perdicera, el águila imperial y el buitre negro y por tanto restringen la actividad en las zonas afectadas en ese tiempo, tanto en cuanto a la actividad cinegética como en practicas agroforestales como la creación de rastrojos o la saca del corcho. En el caso del buitre negro, el período sensible para la especie queda establecido con el nuevo plan de conservación entre el 1 de febrero y el 15 de septiembre, ambos incluidos.

La decisión se sustenta en las publicaciones científicas sobre el buitre negro en el ámbito nacional y en los datos de censo y seguimiento de la especie que tiene la Junta. “Los períodos sensibles del plan anteriormente aprobado no contemplan las fases de cortejo, selección de plataforma de nidificación, cópulas y construcción o arreglo de nidos de las parejas reproductoras” que, según la orden de la Junta “deben contar con la misma protección en cuanto a tranquilidad y ausencia de molestias para asegurar el éxito de la reproducción”.

Para el águila imperial ibérica, el periodo sensible queda establecido entre el 1 de febrero y el 31 de julio y para el águila perdicera, se fija el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de julio, con restricciones también para las actividades agrarias y cinegéticas en el entorno.

Esas limitaciones son las que han enfrentado al sector con la Administración. “Es una limitación más que se une a todas las que ya nos afectan”, se queja el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo. Los efectos más importantes radican en que “se acortan las fechas de monterías y se prohiben modalidades de caza como la del zorro en madriguera, que es en abril y se erradica por una limitación excesiva”, que no comparten y tampoco entienden.

“Es la gestión de los propietarios de los terrenos las que han creado el hábitat y las que han llevado a situaciones como la actual, en la que el número de parejas de buitres negros no ha parado de crecer. Se ha hecho sin que estuvieran estas restricciones por lo que no entendemos el motivo por el que se han impuesto”, defiende.

Al alza

La asociación que aglutina a los propietarios de terrenos rurales para la gestión cinegética, Aproca, está estudiando la posibilidad de emprender medidas legales contra las nuevas restricciones. “No hay razones biológicas que justifiquen esa modificación y el perjuicio que se origina para el mundo rural es importante”, sostiene María Teresa González, presidenta del colectivo. Argumenta que la población de buitre negro en Extremadura “no ha parado de crecer” y “sin embargo se recortan ahora actividades como el descorche”.

Los empresarios de la caza afirman que las últimas medidas emprendidas están perjudicando a un sector “que se ha demostrado que es un ejemplo de buenas costumbres cinegéticas”, en palabras de Ignacio Higuero, que teme un retroceso. “No pedimos ayudas ni subvenciones, solo que nos dejen trabajar”, afirma.

A finales del año pasado ya protestaron por el decreto que modificaba con la temporada de caza en marcha la recogida de los subproductos de las monterías para evitar la propagación de la tuberculosis. Ahora se ha abierto una mesa de diálogo en busca de un punto de encuentro que confían en alcanzar. “La diferencia en el caso de estos tres planes es que no se ha buscado el punto de encuentro y nuestras alegaciones no las han tenido en cuenta”, se queja Higuero a la espera de mantener una reunión con representantes de la consejería para trasladar el malestar generado.

Publicado en elperiodicoextremadura.com.

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