El concejal de medio ambiente de Colmenar (Málaga) cazado poniendo lazos

Fuente: ABCdesevilla.es

La Fiscalía de Málaga solicita una pena de cinco meses de prisión al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colmenar (Málaga), por supuestamente colocar trampas de lazo en el ejercicio de su trabajo como guarda de coto. Unos hechos por los que también se pide su inhabilitación durante 18 meses para ejercer una profesión u oficio relacionado con la caza o la pesca.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el edil se habría dedicado a la caza «indiscriminada» de animales por medio de lazos realizados con cables metálicos, medio de caza no selectivo y capaz de afectar a todo tipo de especies de las que frecuentan dicho hábitat como son el conejo común, la gineta, el meloncillo y el gato montés».

Especies protegidas…

Algunos de los animales afectados, como el gato montés, están incluidos en el decreto para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo de especies amenazadas. Además, la acusación advierte de otros que podrían haberse visto afectados por estas trampas puestas en la zona como son la garduña, el tejón, la comadreja, el jabalí y el zorro.

Los hechos por los que el edil es acusado de un presunto delito relativo a la protección de la flora y la fauna del artículo 336 del Código Penal se produjeron el 7 de marzo de 2012, cuando Antonio Corpas fue sorprendido a primera hora de la tarde por agentes del puesto de la Guardia Civil de Colmenar «instalando tres de estos útiles de caza prohibidos en una zona de sendero de animales».

En su coche…

La Fiscalía detalla en su escrito, adelantado ayer por La Opinión de Málaga, que los guardias encontraron debajo del asiento del conductor de su coche «alrededor de 25 cables más sin usar, preparados para ser instalados como lazos, siendo en aquellos momentos época de veda». Eso sí, el fiscal dejó claro que no constaba «que el acusado haya capturado por ese medio ejemplar alguno».

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, paralelamente, abrió un expediente sancionador, mediante una resolución del 22 de mayo de 2012. Éste quedó suspendido una vez que se remitieron los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para su evaluación penal. En el escrito, el Ministerio Público también pide el comiso de los cables y las trampas y la apertura de juicio oral.

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