Veintitrés organizaciones ecologistas han solicitado al Gobierno del Principado la suspensión de cualquier batida contra el lobo como las previstas para el próximo domingo al considerar que son contrarias a la legislación vigente. Estos colectivos recuerdan que el lobo no es una especie cinegética y que el vigente Reglamento de Caza de Principado establece que sólo podrá realizarse sobre las especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre así declaradas y que sólo excepcionalmente se podrá adoptar esta medida «cuando esté justificado por razón de daños o de índole biológica».
Según los ecologistas, dado que el Gobierno asturiano reconoce que los daños han disminuido significativamente en los últimos años, no se puede aplicar la excepcionalidad prevista en el reglamento y creen inaceptable que se hayan autorizado cacerías de lobo «con semejante opacidad sin hacer públicas las resoluciones de las batidas ni la justificación de dicha medida excepcional».
Además, instan al Gobierno a buscar soluciones consensuadas al conflicto y a fomentar el uso de medidas preventivas para que disminuyan los posibles daños provocados por el lobo.
Asimismo, y con el fin de llevar a cabo una buena gestión de la actividad ganadera, piden que se proceda al pago sin demora de los posibles daños y se agilicen las autorizaciones para depositar cadáveres de reses muertas en el monte sin la obligatoriedad del pago de un seguro de recogida a los ganaderos.
38 manadas
Según los últimos datos oficiales, la población de lobos en el Principado se mantiene estable desde 2013 y se sitúa entre 37 y 38 manadas y el Principado prevé abatir este año un máximo de 45 ejemplares para controlar su crecimiento, los mismos que en el periodo anterior.
El nuevo programa de actuaciones de control del lobo en el periodo 2017-2018 da cumplimiento al II Plan de Gestión de esta especie, que obliga a elaborar programas anuales y define los cupos de extracción estimados para cada zona de gestión de presencia habitual y para el conjunto de la esporádica.
El documento permite que los lobos puedan abatirse en reservas regionales durante cacerías de otras especies legalmente autorizadas bajo supervisión del personal de la Guardería del Medio Natural y sin posibilidad de que los cazadores se queden con los ejemplares.
Además, contempla la realización de controles de población allí donde su presencia comprometa la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias teniendo como prioridad reducir al máximo posible los daños por ataques de la especie.
En la polémica sobre la gestión de esta especie han intervenido además partido como el PP, que ha defendido que se clasifique al lobo como especie cinegética, y Foro que ha exigido del Gobierno el cumplimiento del plan de gestión de la especie y de las resoluciones de la Junta que instan a publicar los datos de los daños causados.
Fuente: lavozdeasturias.es
