Fuente: diariovasco.com
El grupo municipal del PP ha denunciado este martes la «criminalización» del colectivo de cazadores que realiza el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación. En una interpelación realizada al gobierno municipal sobre la sentencia que anula la orden foral que prohibía la caza en Ulía, el concejal Iñigo Arcauz pregunta al gobierno municipal -condenado junto al foral al pago de las costas- por qué no se reunió con la Federación Guipuzcoana de Caza, ni con las asociaciones de cazadores, antes de adoptar la decisión de eliminar la caza de este monte donostiarra.
Los populares han recordado que hay «30.000 licencias de caza en Gipuzkoa, la mitad de ellas de donostiarras» y han criticado que «los reyes de la participación ciudadana y la transparencia han sido condenados por prohibir la caza sin haber si quiera previsto un proceso de exposición pública» para validar sus normas. Arcauz censuró la «decisión unilateral» que adoptaron Ayuntamiento y Diputación, y pregunta «cuáles son la razones por las que el gobierno municipal no se ha reunido con la Federación Guipuzcoana de Caza y con las asociaciones de cazadores de nuestra ciudad».
El edil ha recordado que en la pasada legislatura ya se redujeron en «un 70%» el número de puestos de cazadores en Ulía para evitar que alguno de estos puntos estuviera cerca de caminos o senderos, y calificó «la prohición total decretada por Bildu» como una «persecución y criminalización de los cazadores».
Arcauz se ha preguntado «por qué solo se prohibió la caza en Ulía y no en Igeldo, cuando allí la situacón es igual. ¿Los amigos del alcalde tienen el privilegio de poder cazar?, ¿Por qué allí sí y en Ulía no?, ¿No se atreve a prohibírselo a sus amigos?», ha cuestionado el concejal del PP.
