El Tribunal Supremo anula definitivamente el Plan de Gestión del cánido de la Junta de Castilla y León, por lo que se prolonga la prohibición de cazar lobos en Castilla y León.
El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia de enero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la cual se anulaba el decreto que aprobaba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León de 2016, en un proceso promovido por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Así lo recoge un auto del 13 de diciembre, facilitado por la organización.
En ese sentido, el Plan del Lobo resulta definitivamente anulado, al consolidar el auto del Supremo la sentencia anterior del TSJ y desestimar el recurso de casación interpuesto por la Junta. Además, la asociación explicó que presentó un recurso contencioso en julio de 2016 contra el decreto por el que se aprobó el Plan, lo que condujo al fallo del Tribunal Superior el pasado 5 de febrero.
«La Junta decidió interponer un recurso de casación sin fundamento, como ahora se lo ha recordado el auto del Tribunal Supremo. El Supremo no hace sino recordar que sí se establecen unos procedimientos, han de ser cumplidos por los administrados y -también- por las administraciones, incluso cuando las consejerías las dirijan magistrados en excedencia, como este es el caso, desde julio de 2015», señaló Ascel en un comunicado.
Con el segundo plan de gestión del lobo de 2016 anulado, y mientras -como medida cautelar- está suspendido igualmente el Plan de Aprovechamiento cinegético del lobo 2016-2019, a la espera de sentencia, la situación de la Junta y del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones es «insostenible», según la organización.
«Ya no cabe ninguna duda del fracaso de la política de ‘gestión’ del lobo. Ya no es posible enmendar una trayectoria trufada de sentencias que anulan los Cupos 2010-2011, los Cupos 2011-2012, el Plan de gestión de 2016, los Aprovechamientos Comarcales del lobo de las temporadas 2015-2016, además de la suspensión cautelar de los Aprovechamientos Comarcales 2016-2019», apuntó Ascel.
De esta forma, aseguró que «no se puede seguir sosteniendo que una especie protegida pueda ser cazada» y aseguró que cualquier otra medida al respecto de la Junta acabará en la «misma papelera». «Haremos todo lo posible para que la gestión del lobo pase por el respeto de su papel, sin control alguno. Porque, si alguien piensa que el Plan anterior -2008 (derogado por el ahora plan de gestión anulado)- puede parchear la situación, habrá que recordar que dos sentencias del Supremo, en su momento, motivaron el actual, anulando partes cruciales del anterior.
«La gestión del lobo de la Junta de Castilla y León está en un callejón sin salida. Sólo con el cumplimiento de las leyes europeas, españolas y autonómicas, en favor de la preservación de la biodiversidad, incluyendo aquí al lobo, habrá una salida. De ello podríamos tratar con el siguiente gobierno de la Junta de Castilla y León, convencidos de que que estará ausente el señor Juan Carlos Suárez-Quiñones, de quién ya no nos molestamos en pedir la dimisión o el cese», concluyó.
Fuente: laopiniondezamora.es
