El Boletín Oficial del Estado publicó en su edición de ayer la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada en el último Pleno de las Cortes de la legislatura con el apoyo del PP, el PSOE, Ciudadanos y UPL, y con la abstención de Podemos.
Esta medida, que entró en vigor el día 1 de abril, sirvió para superar la suspensión cautelar de esta actividad cinegética dictada por el Tribunal Superior de Justicia, tras sendos recursos del Partido Animalista (Pacma), ya que al elevar a rango de ley la normativa impone unos requisitos para los recursos que limita que se repita el proceso del grupo ecologista.
El conflicto por la caza se coló ayer de nuevo en la campaña electoral por este cambio legal. En Castilla y León hay cerca de 121.000 licencias de caza activas y numerosos cotos donde se practica esta actividad, tanto de titularidad pública —fundamentalmente local— como privada. También genera unos efectos notables en la economía local y en las posibilidades económicas de ayuntamientos y pedanías.
Fuente: diariodeleon.es
