El presidente de la Atica Castilla-La Mancha recalca que el fin de la moratoria establecida por la Ley de Parques Nacionales en 2020 podría suponer «la muerte» de los aprovechamientos económicos de municipios como Horcajo, Navas, Retuerta y Alcoba.
Apenas falta un mes para 2020 y el sector cinegético de la provincia ha puesto en marcha sus señales de alerta ante el que podría ser el final de la caza en el Parque Nacional de Cabañeros, un desenlace que vendría de la mano del fin de la moratoria se estableció en diciembre de 2014 a través de la Ley de Parques Nacionales, la cual establecía una moratoria de seis años, hasta diciembre de 2020, para seguir realizando estas actividades.
El hecho de que la prohibición definitiva de la caza en estos espacios sea un asunto itinerante desde hace años lleva a las organizaciones del sector a mantenerse escépticas acerca de lo que ocurrirá en 2020.
Entre ellas se encuentra la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades Afines al sector Cinegético de Castilla-La Mancha (Atica Castilla-La Mancha) cuyo presidente, Juan Caballero, declaró a La Tribuna que «el Estado no va a poder prohibir esta actividad porque ni ha llegado a ningún acuerdo con los dueños de las fincas privadas donde se realizan las monterías, ni tienen claro cómo van a pagar las indemnizaciones prometidas a sus dueños», lo que le llevó a calificar esta norma prohibitiva de «un error manifiesto generado por las políticas medioambientales extremistas».
Estas compensaciones fueron unos de los aspectos prometidos por el Ministerio al inicio de la prohibición. Sin embargo, aunque Caballero recalcó en que el Estado «tiene capacidad de sobra para compensar a los propietarios de los cotos económicamente», hizo hincapié en que la mayor consecuencia de la supresión de la caza no afectará a este ámbito, sino al de la despoblación, porque «acabar con esta actividad será matar los pocos aprovechamientos económicos que quedan para mantener población de los pueblos de la zona».
Consecuencias
Las localidades que componen el área de influencia del Parque Nacional de Cabañeros son Retuerta del Bullaque, Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Alcoba de los Montes, todos municipios de menos de 1.000 habitantes que cuentan con fincas privadas para la realización de monterías.
En este sentido, Caballero remarcó que estas son un sustento fundamental para la supervivencia de estos pueblos porque «el parque se compone de 22.000 hectáreas capaces de acoger 25 monterías anuales». Estas, desgranadas por el presidente de Atica Castilla-La Mancha, tienen un valor aproximado de 35.000 euros «solo en su organización, sin contar los jornales contratados», de los que resaltó que cada una puede derivar en la contratación eventual de cerca de 40 personas.
«A diferencia del turismo que acude a Cabañeros, que va y viene en el mismo día, las monterías traen individuos que se alojan en el pueblo y acuden a sus locales hosteleros», subrayó Caballero, «de manera que si se prohíben no solo se provocarán pérdidas anuales de cerca de un millón de euros en estos pueblos, sino que se destruirán un millar de puestos de trabajo a los que hay que sumar los guardas de seguridad de las fincas, que también perderían sus empleos».
Todo esto llevó al responsable de Atica Castilla-La Mancha a insistir en que «el sector cinegético genera un movimiento económico enorme que no se debe perder», porque esto vendría acompañado de la «emigración de estas poblaciones y, por tanto, de la caída total de estos pueblos».
Los pueblos hablan
Ese escepticismo acerca del efecto que esta inhabilitación podría tener en el desarrollo económico de sus territorios también se encuentra en los ayuntamientos de las cuatro localidades que ejercen la caza en el entorno de Cabañeros.
Este es el caso del teniente alcalde de Horcajo de los Montes, Javier García-Navas, que subrayó que «el sector cinegético es el que da de comer a buena parte del pueblo y, llegado el caso, tendremos que sopesar las medidas oportunas», aunque no especificó cuáles serían estas últimas.
Menos preocupado se mostró el alcalde de Alcoba de los Montes, Pedro José Escudero, que explicó que «aunque las fincas organizan sus monterías, nosotros no vemos aquí a las personas que participan», por lo que recalcó que «para nosotros, la caza no es un sector económico potente». Por su parte, y ante la incertidumbre de la situación, los alcaldes de Retuerta del Bullaque y Navas de Estena no quisieron hacer declaraciones.
Fuente: latribunadeciudadreal.es