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La RFEC pide la retirada de la Ley Animalista ante la falta de consenso social y político

Ley Animalista Caza
La RFEC pide la retirada de la Ley Animalista ante la falta de consenso social y político.

La entidad pone de manifiesto la falta de lógica en la tramitación de un proyecto de ley que nace enmendado por los distintos grupos políticos, incluido uno de sus promotores

La Real Federación Española de Caza (RFEC) pide a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que retiren el proyecto de Ley Animalista, aprobado el pasado 1 de agosto, ante la evidente falta de consenso social, científico, técnico y político, y solicita iniciar una nueva legislación escuchando a todos los sectores.

A las más de 800 firmas presentadas por científicos en contra de la ley, el rechazo de los distintos sectores afectados como juristas, veterinarios, cazadores, ganaderos y el mundo rural en general, se suma ahora la proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP) solicitando su retirada, e incluso la propia enmienda presentada por el Partido Socialista (PSOE), principal partido del Gobierno, que exige cambios en la normativa.

Para la RFEC la falta de consenso es manifiesta y no tiene lógica que se dé trámite a un proyecto de ley que nace enmendado por los distintos grupos políticos, incluido uno de sus promotores, y que cuenta con el evidente rechazo de gran parte de la sociedad, por lo que pide sentido común para iniciar una legislación en la que todos los sectores afectados se sientan escuchados.

La RFEC critica el carácter de urgencia otorgado a la tramitación

En la misma línea, la entidad federativa critica el carácter de urgencia otorgado a la tramitación, máxime cuando se trata de una normativa que ha generado una enorme polémica.

Por ello, solo se entiende que se utilice esta vía para hurtar el debate político y público y para limitar la participación de la sociedad, en un claro ejemplo de falta de transparencia.

De no retirarse el proyecto, la RFEC exige al Gobierno que abra un necesario debate en sede parlamentaria en el que se escuche a todos los afectados, un diálogo que la Dirección General de Derechos de los Animales ha rechazado mantener durante la tramitación y que ha dado como resultado esta situación de desvarío y preocupación generalizada.

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