La dignidad es una medida del valor de las personas que, en gran parte, proviene del trabajo y de la toma de decisiones. Recortar estas dos posibilidades nos hace menos libres y dificulta enormemente nuestra posibilidad de mejorar.
Una de las causas que limita nuestro mérito es el intervencionismo administrativo, que funciona como un tren sin destino, al que, además, se le fabrican por sistema vías con pendiente descendente, para facilitar su velocidad, a través de la legislación. La libertad va desapareciendo poco a poco, vamos quedando a merced de los intereses políticos, generalmente marcados por minorías que tienen como mérito hacer ruido y conseguir un eco suficiente, eso sí, pregonando realidades totalmente deformadas.
Lo que hoy en día pasa en nuestro campo es un claro ejemplo de cómo, a través de una legislación increíblemente restrictiva y de su aplicación extrema, van desapareciendo las posibilidades de trabajo y de desarrollo, caso del derivado de la actividad cinegética. Con ello menoscaban las opciones de sus habitantes y, con ello, de su dignidad, personas que en la mayoría de los casos terminan recurriendo al abandono de la tierra que les vio nacer para concentrarse en los grandes núcleos de población.
Escribía en el artículo de opinión que me publicó Caza y Safaris el pasado mes, sobre las nuevas limitaciones que nos traen, a cientos de miles de hectáreas, la aprobación de los planes de ordenación de las ZEC, Zonas Especiales de Conservación.
Ahora le toca el turno al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros, PRUG. Está pendiente de aprobación y la administración competente es, precisamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha. La redacción del PRUG de Cabañeros ha estado a cargo del Ministerio de Agricultura, a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Los responsables de este trabajo, además de redactar un plan de abandono puro y duro, pretenden que sea aprobado lo antes posible por nuestro Gobierno regional.
Personalmente, creo, con independencia de despropósitos varios, que este PRUG dicta mucho de lo que debe ser un plan de ordenación: no veo por ningún sitio el diagnóstico. Tampoco el análisis de problemas y menos aún el de objetivos y, claro, está sin una propuesta de alternativas precisas para conseguirlos. Sólo veo en su redacción un decálogo de prohibiciones destinadas al abandono, a la total limitación de la propiedad privada y al gobierno dictatorial de decenas de miles de hectáreas por parte, en más de un caso, de personajes con vocación de sheriff del condado. El PRUG de Cabañeros debería ajustarse a las directrices que marca el Plan Director de la Red de Parques, aprobado por el Real Decreto 1803/1999, como es el caso de asegurar la transparencia y la participación pública. De esto, bien poco.
Por ejemplo, han pretendido desde el Ministerio que se aprobara el PRUG, aun estando por resolver multitud de alegaciones realizadas por los afectados, no ya sin tenerlas en cuenta, sino ni tan siquiera contestadas. Alegaciones, por ejemplo, destinadas a hacer valer el derecho a conservar infraestructuras muy anteriores incluso a la declaración del espacio natural, en general, relacionadas con la caza, caso de cortaderos y caminos de acceso. Como bien saben, estos elementos no sólo son básicos para desarrollar la actividad, sino que son claves para otros aprovechamientos, caso del corcho, madera, podas y apicultura.
Hay que tener presente que este parque nace por motivos políticos, una apuesta del señor Bono destinada a ganar unas elecciones. Un parque sin deslindar y señalizar totalmente y, además, con una descripción de linderos literal que, en distintos casos, traen dudas justificadas; un parque hecho sobre propiedad privada, con la multitud de problemas que de ello se deriva.
Nuestro Gobierno regional, por suerte, pidió a los responsables ministeriales que se atendieran las alegaciones de los particulares, cuestión de agradecer y más hoy en día, con independencia de la suerte que corrieran. Incluso en parte lo han conseguido, dilatándose con ello la aprobación del PRUG. La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha debe tener cuidado con todo esto y, entre otras cosas, exigir una participación pública correcta, así como el deslinde y el amojonamiento de los terrenos que engloba.
Desgraciadamente, las políticas de abandono no las promueven en exclusividad los dirigentes de asociaciones ecologistas, también lo hacen funcionarios y sus responsables políticos.
por Juan Caballero de la Calle
