De momento no se oirán disparos en la sierra de Guadarrama. El juzgado de lo contencioso administrativo número 32 de Madrid ha paralizado provisionalmente el plan de la Comunidad de Madrid para controlar la población de la cabra montés, publica elconfidencial.com.En un auto dictado el 17 de octubre y comunicado este martes a las partes, el juzgado ordena como medida cautelar la suspensión de las batidas previstas, que, como ya publicó El Confidencial, iban a empezar esta semana. La Consejería de Medio Ambiente quiere sacrificar en los próximos cinco años unos 2.500 animales, 500 cada año, para regular así una población que ha crecido descontroladamente en los últimos años y que casi alcanza ya los 4.500 bóvidos.
El juzgado da ahora tres días a la comunidad para que presente alegaciones. El Gobierno regional ha conocido este martes la notificación del juzgado y va a solicitar el levantamiento de esta medida cautelar. Además, va a solicitar una fianza económica a PACMA por si del aplazamiento del plan se derivan problemas sanitarios, ya que hay riesgo de que la excesiva población de bóvidos cause una epidemia de sarna.
El juzgado estima así las medidas cautelares que había solicitado el partido animalista PACMA, que en agosto presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente contra el Gobierno de Cristina Cifuentes, al que acusa de cometer delitos de medio ambiente y prevaricación con este plan de gestión. PACMA quiere que la Fiscalía abra diligencias «contra los responsables de su aprobación» en la consejería. PACMA había argumentado en su recurso que la caza de tantos ejemplares supone «daños irreparables» en la colonia que habita la sierra madrileña de Guadarrama.
En su auto, el juzgado señala «que la información proporcionada por la parte recurrente supone un evidente peligro de extinción de la cabra montés en nuestros parques forestales y ello, unido a la inminencia de empezar a abatir ejemplares a partir del día 19 de octubre actual, representa un riesgo que, teniendo en cuenta el momento procesal en que nos encontramos, sin conocer la legitimidad de la Administración para llevar a cabo tan drástica medida, permite conducir a la adopción de la medida cautelar de suspensión en la forma pedida». Desde PACMA, recalcan que «no se pueden matar cabras. Si se hace, se está cometiendo un delito de maltrato animal».
PACMA acusa al Ejecutivo autonómico de «ocultismo» respecto «a la aprobación del plan de control poblacional que ha desoído todas las peticiones de información presentadas», puesto que el plan no está publicado oficialmente y todos los datos se han recabado de medios de información. «También se desconoce en qué se sustenta el plan, porque esa información tampoco se ha facilitado, lo que hace sospechar que no contemple más soluciones que la caza de ejemplares. Esta falta de información vulnera los principios de transparencia y de acción pública, que son de estricta observancia en materia medioambiental». PACMA también puso una denuncia en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que revoque el plan de gestión madrileño e investigue los hechos. Todavía no ha tenido respuesta.
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