La Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) (www.farcaza.es) presentó la semana pasada una serie de alegaciones al borrador del documento de preguntas y respuestas sobre la carne de caza silvestre destinada a consumo humano.
Se trata de un texto que en estos momentos se está debatiendo en la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
En concreto, FARCAZA alega contra el punto 2.2.b y el punto 2.2.a con sus respectivas posteriores menciones.
FARCAZA pone de relieve que estas nuevas limitaciones van en contra del espíritu de las normas del paquete de higiene
El primero de los pasajes citados establece, tal y como está redactado en estos momentos, lo siguiente:
«En la caza mayor ¿puede la persona con formación hacer el primer examen sobre el terreno de piezas que se van a destinar a un establecimiento de manipulación?
De manera general, el examen sobre el terreno de la caza mayor para su posterior traslado a un establecimiento de manipulación de caza autorizado debe hacerse por un/a veterinario/a que, además, supervisará su identificación y documentará las piezas para su traslado al establecimiento donde se realizará la inspección post mortem.
Sin embargo, en ciertas circunstancias, este examen puede llevarlo a cabo una persona con formación, sin presencia de un/a veterinario/a siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• Modalidades de rececho y aguardo, jabalí en mano, salto o modalidades similares, y
• Máximo de dos piezas por cazador y día».
En su alegación, FARCAZA pone de relieve que estas nuevas limitaciones (de las modalidades de caza donde puede actuar el cazador formado, y del número de piezas que puede inspeccionar por día) van en contra del espíritu de las normas del paquete de higiene, del propio Reglamento (CE) n° 853/2004 que por el que se establecen normas específicas de higiene de la carne de caza silvestre y de la operativa europea de facilitar la extracción de las piezas abatidas del monte a través de la figura de ‘persona con formación’ en modalidades de caza social en Europa (muy asimilable a la tipología de caza de la zona norte de España, con cacerías colectivas de pocos participantes y un escaso número de piezas abatidas, denominadas batidas y ganchos; que son las mayoritarias en Aragón).
Regular en estos términos conllevará un descenso de la presión cinegética y un previsible aumento del abandono de piezas abatidas en el campo
La Federación defiende que regular en estos términos conllevará un descenso de la presión cinegética (clave para controlar especies sobreabundantes como el jabalí, y de sus repercusiones sobre daños agrícolas, accidentes de tráfico, ecopatologías o del propio equilibrio ambiental) y un previsible aumento del abandono de piezas abatidas en el campo, con un incremento notable de los riesgos de transmisión de patologías compartidas con las especies ganaderas como la tuberculosis, triquinosis, Aujezsky… algunas de ellas zoonosis de importante repercusión.
En Aragón no hay un número de veterinarios suficientes para ‘cubrir’ las batidas que se celebran sólo en la provincia de Huesca cada sábado
Por otro lado, en la autonomía aragonesa, no hay un número de veterinarios suficientes para ‘cubrir’ las batidas que se celebran sólo en la provincia de Huesca cada sábado de la temporada de caza; lo que obligará a desechar gran cantidad de piezas abatidas por no disponer de servicio de inspección en campo.
FARCAZA recuerda que en Aragón se han formado oficialmente más de 1.300 cazadores en esta materia
FARCAZA, la entidad que representa a más de 28.000 cazadores y 900 sociedades deportivas de caza, recuerda que en Aragón, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón y en colaboración con la propia Federación, se han formado oficialmente más de 1.300 cazadores en esta materia desde 2019 (incluyendo los contenidos del Real Decreto 50/2018 y del Reglamento (CE) n° 853/2004) a través del ‘Curso de cazador formado en Sanidad Animal y manipulación higiénica de la carne de caza’.
Esto ha permitido cubrir la necesidad de la primera inspección en campo de los animales abatidos de forma eficaz, conforme a los Planes Generales de Caza Aragón y en línea de los establecido en la normativa europea. En su caso, sería mucho más razonable la limitación establecida en la normativa vinculada en materia de sanidad animal a través del Real Decreto 50/2018 por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor (para obligar o no a la presencia de un veterinario en campo; en las cacerías de caza mayor en las que hubiera más de 40 puestos o se abatan más de 20 piezas).
Se debería también poder extraer también la vejiga y los órganos de los aparatos reproductores antes del traslado
El segundo de los puntos del documento mencionados recoge lo siguiente:
«En aquellas modalidades de caza para las que resulta de aplicación el Real Decreto 50/2018 (en cacerías en las que el número de puestos es superior a 40 o el número de piezas abatidas es superior a 20 por jornada de caza), las piezas deberán llegar al lugar de evisceración con todas las vísceras. En otras modalidades, si está presente una persona con formación se podrá extraer el estómago e intestinos antes de que la pieza se traslade al lugar de evisceración».
La alegación al texto realizada por FARCAZA recuerda que, por operativa anatómica del proceso de evisceración, y por la propia higiene de la canal para evitar la contaminación de la carne con orina u otros líquidos orgánicos, sería interesante poder extraer vejiga y órganos de los aparatos reproductores, y no sólo estómago e intestinos, ya que el valor diagnóstico de estos elementos es bajo para la gran mayoría de las ecopatologías de las especies de caza mayor.
FARCAZA confía que sus consideraciones sean tenidas en cuenta
La Federación Aragonesa de Caza confía en que sus consideraciones sean tenidas en cuenta a la hora de redactar la versión definitiva del documento de preguntas y respuestas sobre la carne de caza silvestre destinada a consumo humano en el que está trabajando la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), así como defendidas por el Gobierno de Aragón ante la Administración General del Estado, Ejecutivo al que FARCAZA solicita que lleve a cabo un esfuerzo de mediación.
