La Oficina Nacional de la Caza (ONC) ha pedido a la Junta de Extremadura que establezca una normativa más racional y ecológica en lo referido a la retirada en las acciones cinegéticas de los denominados SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano).
En concreto, el Gobierno de Extremadura obliga desde el 9 de noviembre a que todos esos restos animales sean retirados en camiones por empresas autorizadas, padezcan o no tuberculosis. Así se intenta evitar que otros animales, especialmente los jabalíes, accedan a esos restos y puedan propagar la tuberculosis animal.
Sin embargo, la Oficina Nacional de la Caza alerta de los efectos negativos que esta medida va a tener sobre el equilibrio medioambiental extremeño y, especialmente, sobre la colonia de especies necrófagas (buitres negros y leonados, principalmente) que hay en esta comunidad autónoma. Hasta la fecha estos restos suponían una de las principales fuentes de alimentación de estas aves que, según los análisis realizados, ni transmiten ni padecen esta enfermedad.
A todo esto se suma que la norma extremeña supera las limitaciones impuestas por la Comisión Europea y también a las que se aplican en comunidades autónomas limítrofes, con lo que su efectividad se verá seriamente limitada.
Las medidas que se están aplicando en Extremadura, entiende la ONC, «acabará provocando un problema ambiental sin precedentes al suprimir al 100% la alimentación de especies necrófagas en peligro de extinción, como buitres negros y leonados, águilas imperiales…».
Ante esta situación, la ONC muestra su apoyo a las reivindicaciones que está realizando la Mesa Extremeña de la Caza y reclama a la Junta de Extremadura que recapacite y apueste una normativa más racional, que compatibilice el control de la enfermedad y la alimentación de las aves necrófagas. Por ejemplo, estableciendo que los restos se conserven en depósitos sellados durante la noche y se sitúen en puntos de fácil acceso para las aves durante el día.
En cualquier caso, la Oficina Nacional de la Caza, que representa al 80% de los cazadores de España y al 100% de los sectores que giran alrededor de la caza, entiende que lo más positivo sería suspender de forma temporal la aplicación de la norma extremeña hasta que se alcance un consenso con el sector cinegético, que es el más interesado en evitar que la enfermedad se propague.
