El Consell hará pagar a los dueños de fincas que veten a los cazadores

Fuente: DiariodeMallorca.es – A. F. Vallespir, Palma, 15/06/2012

El Consell de Mallorca quiere que los refugios de fauna paguen por no permitir la caza en sus fincas. La idea del departamento de Medio Ambiente, que dirige Catalina Soler (PP), es que los propietarios que no quieren cazadores en sus terrenos paguen por la expedición de la licencia del refugio de fauna, un gravamen que hasta la fecha no existía. Además, este pago tendrá carácter anual –la licencia se renueva cada año– y se hará en función de la superficie de los terrenos.

El Grup Ornitològic Balear (GOB) interpretó este nueva tasa como un castigo a la gente contraria a la caza, que llega tras “la presión de determinados sectores del mundo de la caza para evitar que siga prosperando esta figura de protección. El Consell aprobó inicialmente esta ordenanza fiscal en abril, pero aún no ha recibido el visto bueno definitivo. El GOB ha presentado alegaciones, entendiendo que la tasa es “injusta y abusiva” y que “podría implicar la desaparición de los espacios donde no se puede cazar”.

Además, la tasa planteada por el Consell para los refugios de caza costará el doble que la que impone a los cotos de caza no intensivos, y esta tarifa podrá recibir un descuento adicional del 75 por ciento si el coto pertenece a una sociedad de caza local, por lo que el GOB denuncia que el impuesto de los refugios de fauna pueda llegar a ser ocho veces superior respecto al de los cotos. Por contra, los refugios no cuentan con ningún tipo de exención o bonificación.

Soler: “Tienen que pagar”
La consellera insular Catalina Soler defendió ayer esta medida y aseveró que “si un coto de caza paga, un refugio de fauna también tiene que pagar”. El GOB alega que en los cotos de caza existe un aprovechamiento de la naturaleza por parte de los cazadores, mientras que en los refugios de fauna hacen “una función socioambiental”, ya que contribuyen a regenerar las especies de la zona. Soler rechaza tal argumento y reiteró que “tienen que pagar”. “Si la zona está protegida, tienen que pagar, como todos”, dijo.

La consellera, que conoce de las alegaciones del GOB, manifestó que las estudiarán. “Luego decidiremos lo que tengamos que decidir. Quizás nos hayamos equivocado. Si es así, rectificaremos”, zanjó Soler.

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