La Junta modifica decreto para adaptar las reservas de caza a la sentencia de TSJCyL

La Junta de Castilla y León aprobó ayer una modificación del decreto de las reservas regionales de caza que sirve para derogar el Decreto 38/2013, de 25 de julio, decreto que por aspectos formales en cuanto a su tramitación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante sentencia que aún no ha adquirido firmeza.

Esta modificación, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, servirá para mejorar la gestión de las reservas de caza y dar mayor participación y protagonismo a los propietarios de los terrenos, en su mayoría entidades locales, que en algunos casos habían mostrado su rechazo a la normativa anterior.

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta nueva regulación se favorece el asociacionismo y la participación, además de mantener la figura de la Red de Reservas Regionales de Caza.

Además se desarrolla el fondo de gestión de las reservas para garantizar su financiación y se continua con el modelo de cogestión comenzado en 2013, por el que la Junta asume la gestión técnica mientras que los propietarios, la mayoría entidades locales, asumen la enajenación de los aprovechamientos cinegéticos.

Marcos ha explicado además que esta nueva regulación dota de mayor participación a los propietarios de los terrenos y fomenta el asociacionismo voluntario, lo que permite que puedan asumir otras actividades complementarias a la caza como el turismo en la berrea, el fotográfico de la fauna o la comercialización de carne de caza, en otras.

Con este objetivo la Red de Reservas Regionales de Caza facilita afrontar acciones conjuntas para favorecer la proyección nacional e internacional, especialmente los mercados de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Alemania y Oriente Medio.

Por último, se desarrolla el funcionamiento del fondo de gestión de las reservas regionales de caza, financiado por el quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos, sin perjuicio de las aportaciones voluntarias que puedan realizar los titulares de estos aprovechamientos, y que servirá para la mejora de los terrenos de cada reserva y la promoción de la Red de Reservas.

 

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