La Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha no afectará a la actividad de las rehalas

La Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha no afectará a la actividad de las rehalas gracias a las alegaciones de ARRECAL y la Federación de Caza de CLM, y mientras el sector seguirá trabajando para que durante la tramitación de la ley se corrija el capítulo sancionador, que es “totalmente desproporcionado”.

La Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad (ARRECAL) y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha han logrado con sus alegaciones que el Gobierno de esa comunidad realice modificaciones sustanciales en el proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales. Sin embargo, la Administración mantiene unas sanciones desproporcionadas y multiplica las infracciones, hasta el punto de que hace que ésta sea una más de tantas leyes de imposible cumplimiento.

En concreto, se ha conseguido que finalmente se excluya de su ámbito de aplicación a los animales que participen en actividades cinegéticas, así como que se elimine la esterilización obligatoria de las perreras deportivas, jaurías y rehalas.

El presidente de ARRECAL, Pedro Pérez San Matías, ha destacado la importancia de estas modificaciones, puesto que suponen “una garantía para los cazadores en general y los rehaleros en particular”, ya que la norma, con su redacción inicial, ponía en riesgo la viabilidad de la caza con perros en Castilla-La Mancha. El veterinario y colaborador de ARRECAL Nicolás Urbani ha añadido que se trataba de evitar que desde el animalismo se utilizara una redacción ambigua y muy general para acabar con el uso de los perros de caza en la comunidad autónoma.

Por su parte, el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, ha apuntado que las cuestiones hasta ahora resueltas respecto de las alegaciones planteadas son cuestiones de pura lógica que, de no haberse aceptado, supondrían que el texto propuesto conllevaría la prohibición de varias modalidades de caza. No obstante, recuerda que se mantienen muchas otras cuestiones que hacen inviable la puesta en práctica de la ley y que suponen prohibiciones expresas de modalidades como el tiro al pichón y codorniz, por lo que todavía queda mucho por hacer.

En cuanto a las novedades introducidas con estas alegaciones, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha ha comunicado que quedarán “fuera del ámbito de aplicación de esta norma los animales que participen en actividades cinegéticas, exclusivamente durante el tiempo de participación en las mismas”.

En el caso de la esterilización, el texto original establecía que las perreras “deportivas, jaurías o rehalas que no realicen cría de animales deberán esterilizar a los animales”. Para ARRECAL esto habría obligado a la compra de ejemplares para reposición, cruce o trueque con los de otros propietarios, y finalmente hubiera provocado la desaparición de las rehalas y, por tanto, de las modalidades principales de la caza mayor y de caza menor con perro. Tras las alegaciones la norma establecerá que se deben adoptar “las medidas necesarias para evitar las reproducciones indeseadas de animales, con una tenencia responsable”

A pesar de todo, ARRECAL lamenta que finalmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no haya aceptado modificar el capítulo de infracciones y sanciones, que suponen un castigo desproporcionado que pone en riesgo la viabilidad de la tenencia misma de animales. Felipe Vegue, representante de ARRECAL, considera que la Administración “ha intentado contentar a todo el mundo” y ha mantenido unas sanciones “que apuestan por la prohibición hasta límites inadmisibles y que contienen un evidente espíritu animalista”. Por eso, añade, los cambios conseguidos “se quedan a medio camino”. “Un estado se mide por la permisividad hacia el ciudadano y las libertades que les conceda, no por las prohibiciones desmesuradas que coartan cualquier libertad lograda en tiempos pasados”, apostilla Vegue.

ARRECAL ha confirmado que seguirá trabajando intensamente para intentar que durante la modificación de la norma “se consiga corregir este despropósito”, de forma que la ley que finalmente se apruebe “sea razonable, proporcionada y realista”.

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