El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima la petición del PACMA de notificar personalmente el Auto de suspensión del Decreto a los parlamentarios que instaron la modificación de la Ley de Caza para blindar la actividad cinegética.
El PACMA pretendía sustentar una hipotética responsabilidad de la Junta y las Cortes de Castilla y León por «desacato a las resoluciones judiciales y fraude de ley».
Este nuevo varapalo judicial se suma a la inadmisión de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción contra los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por la tramitación de la modificación de la Ley de Caza.
Los mismos magistrados que hace unos días acordaron adoptar como medida cautelar la suspensión del Decreto de caza de Castilla y León han desestimado en el día de hoy la solicitud del PACMA de notificar personalmente dicho auto de suspensión a los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León de los grupos de PP, PSOE y Ciudadanos, los cuales instaron la modificación de la Ley de Caza –aprobada en el día de ayer– al objeto blindar la actividad cinegética en esta región.
Según el PACMA, esta solicitud se motivaba ante la necesidad de que se depurasen las responsabilidades que pudieran derivarse respecto de quienes pretenden «burlar el debido respeto a las resoluciones de la Justicia Cautelar dictadas por este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León»
Sin embargo, según se hace constar en la Diligencia de Ordenación de 28 de marzo de 2019, notificada en el día de hoy, los magistrados desestiman esta petición al entender que «no ha lugar a lo interesado por no concurrir los requisitos procesales necesarios para acceder a tal solicitud».
La Fundación Artemisan, a través de su departamento jurídico, se ha personado tanto en sendos recursos contenciosos-administrativos promovidos por el PACMA contra el Decreto y la Orden Anual de Caza de Castilla y León.
