Citados por la Audiencia los responsables de la trama de Asturianos

Fuente: laopiniondezamora.es
La declaración de otros acusados y las escuchas son «indicios suficientes» para imputar «caza ilegal y venta de carne corzos, ciervos y jabalíes»

La Audiencia Provincial de Zamora ha enmendado la plana a la jueza de Puebla de Sanabria: los dos hermanos ganaderos de Asturianos y el hijo de uno de ellos se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados para ser juzgados por delitos contra la flora y fauna, por la captura ilegal de piezas de caza mayor en el coto de esa localidad y de Palacios, y por otro contra la salud pública, por la venta ilegal de esa carne y por tenencia ilícita de armas. La determinación del Tribunal provincial deja igualmente sin efecto el archivo de la causa contra los tres guardias civiles acusados del delito de omisión de perseguir esos delitos. Del procesamiento judicial sólo se libran los dueños de la comercial que servía medicinas sin receta a los imputados y el veterinario que las firmaba.
«La tenencia de cabezas y trofeos de caza, justificada» con el argumento de que procedían de «encuentros casuales» de las reses muertas, de «atropellos o regalos», «también admite otra interpretación, a la luz del resto de diligencias» practicadas, para imputar a los dos hermanos ganaderos de Asturianos y el hijo de uno de ellos, «de manera inequívocamente indiciaria», por el delito de caza ilegal de piezas como «corzo, jabalí y ciervo». No así del de venta ilegal de carne, del que responsabiliza sólo a los dos hermanos.

El magistrado ponente, Jesús Pérez Serna, manifiesta que «es del todo factible señalar que existen indicios racionales y suficientes de criminalidad respecto de un delito contra la flora y la fauna», en referencia a la caza ilegal. El auto de la Audiencia tiene un importante sustento en tales afirmaciones en «la declaración del menor que intervino en los hechos», ya condenado por caza ilegal en el Juzgado de Menores. Llega a hablar de que «se desprende, de manera inequívocamente indiciaria, que los citados se dedicaban a la caza en los terrenos cinegéticos del término municipal de su residencia», es decir, Asturianos, «y del colindante de Palacios de Sanabria de especies como corzo, jabalí y ciervo, cuyo apresamiento está prohibido». Para el magistrado hay igualmente indicios suficientes de que lo hacían «con armas de fuego, de noche y desde vehículos».

Y para que no haya dudas agrega que «las transcripciones» telefónicas, que la Audiencia ya dio por válidas tras un recurso de los imputados, «proporcionan datos en tal sentido suficientes para decretar la continuidad de las diligencias» por el delito contra la flora y la fauna. A las investigaciones realizadas por la Guardia Civil se remite Pérez Serna, a través de las escuchas telefónicas autorizadas por la primera juez instructora, para indicar que existen indicios racionales de venta ilegal de carne de caza. Se refiere al «resultado» de las grabaciones de llamadas que «ponen de manifiesto que los citados se dedicaban de forma habitual a la venta de carne, no solo de ternera o cordero, sino de caza mayor como jabalí o ciervo» en aquel periodo.

Pero si esenciales fueron las escuchas telefónicas autorizadas por la juez de Puebla de Sanabria para desarticular la supuesta red de tráfico de carne de caza mayor ilegalmente capturada por una familia de ganaderos de Asturianos, las declaraciones del menor de edad y de otro testigo, de iniciales O.P., han sido decisivas para que la Audiencia acuerde que se abra juicio oral contra los dos industriales y hermanos, P.O.C. y F.J.O.C., por delitos contra la fauna y la flora y contra la salud pública. Al hijo de uno de ellos, F.J.O.H., sólo le imputa el de caza ilegal en cotos privados. De esta decisión, que anula el archivo de la causa por esos delitos –emitido el 7 de abril de 2011 por la jueza sustituta de Puebla–, tampoco se libran los tres guardias civiles procesados por el delito de omisión del deber de perseguir delitos, en concreto aquellos de que se acusa a los ganaderos, que deberán de responder por la tenencia ilícita de armas, única imputación que se mantenía el auto de la juez.

El auto de la Audiencia Provincial no deja ningún cabo suelto a la hora de razonar su decisión de ordenar la continuidad de las actuaciones judiciales por la presunta comercialización ilegal de carne de caza mayor obtenida al margen de la ley. Y para ello, al margen del contenido de las escuchas telefónicas en las que los investigados se referían al preparado de carne, entre otros aspectos, el magistrado ponente agrega que «la entrada y registro en inmuebles de los hermanos» imputados en la trama de Asturianos «se encuentra género suficiente para entender que se dedican habitualmente a la venta de carne procedente de su ganadería y de la caza». Una vez más, en el auto que reactiva el caso se mencionan las declaraciones del menor de edad procesado por un delito de caza ilegal, amigo del hijo de uno de los imputados, de F.J.O.H, y que le acompañó en alguna ocasión, y la de otro testigo, cuyas iniciales son O.P., ambos interrogados por la Guardia Civil y durante la vista oral del Juzgado de Menores. En base a esas consideraciones los magistrados estiman que debe mantenerse el procesamiento solo contra los dos hermanos por un delito contra la salud pública, al poder «propagar posibles riesgos a un extenso colectivo de destinatarios».

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