En la prensa

¿Hay monte para todos?

Fuente: elcorreo.com

Los cazadores se quejan de la visión sesgada que la sociedad tiene de la actividad que ellos practican. El año pasado, para intentar cambiar esta idea, se repartieron entre niños españoles 30.000 ejemplares del cuento ‘Jara la cazadora’, donde se incide en aspectos positivos. Al parecer, se trata de borrar de la memoria colectiva dramáticos episodios como, por ejemplo, la muerte de la madre de Bambi, ese disparo en medio de la nieve y el cervatillo preguntándose «¿Mami? ¿Mami? ¿Mamita, dónde estás?», que muchos adultos aún no perdonan.

Cuentos aparte, la petición de los cazadores al Gobierno para que incluya en el borrador de la futura Ley de Montes la prohibición a los senderistas de pasar por las zonas donde ellos están matando animales no está ayudando a aliviar los roces que muchas veces se dan en el campo entre los que están disparando y los que solo quieren caminar. Incluso pone en una difícil disyuntiva a aquellas personas que comparten las dos aficiones, que también las hay. La propuesta chocaría de lleno, en principio, con el artículo 45 de la Constitución, que habla del derecho al uso y disfrute de la naturaleza.

Son de momento 93.000 las personas que han firmado en change.org la petición dirigida al ministro de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente para que «no prohíba a senderistas y ciclistas la circulación por caminos públicos», creada por Senderismo por España, cuya intención es transmitir este apoyo a las consejerias de las comunidades autónomas «para que conozcan el malestar que se ha generado». Con la campaña de recogida de firmas en marcha, el Ministerio sacó el pasado día 15 una nota de prensa en la que desmentía que estuviera estudiando algo así, aunque el hecho es que ha sido publicado en muchos medios de comunicación. Ángel Sánchez, técnico de senderos (en twitter @alscarbonell) y responsable de la página de facebook Senderismo por España cree que «el Ministerio sacó esa nota cuando vio la fuerza que tomaba la iniciativa de las firmas». Sánchez afirma que un técnico de ese gabinete le aseguró que nunca habían pensado en la prohibición, «pero que la ley será abierta, de forma que la última responsabilidad recaerá en las comunidades autónomas, que son quienes decidirán qué se hace». «Argumentan -prosigue Sánchez- que en realidad esto ya sucede cuando hay un desprendimiento o han encontrado minas, pero eso son causas de fuerza mayor y esto es algo que sucede todos los fines de semana en toda España. Hay miles de caminos cortados, y la gente con sentido común ve que evidentemente hay senderos en los que tendrá que ceder, pero aquí se habla de cortar todo tipo de caminos e incluso de multar. A mí me ha ocurrido varias veces que me han cortado el camino principal de acceso a un valle».

Fuentes de la Real Federación Española de Caza insisten en que se trata de una «cuestión de seguridad». Aunque las cifras en realidad señalan a que los que de verdad están en peligro cuando hay una cacería son los propios cazadores. Hay accidentes en los que se han visto involucrados senderistas y seteros, pero las cifras de muertos entre los cazadores son «escalofriantes», tal y como se califica este tema en la web de los Agentes Forestales de España, en un artículo publicado hace solo unos meses, en abril del año pasado. El último ejercicio del que ofrecen referencias concretas gracias a Mutuasport (la mutua de los cazadores) es 2007: «Ese año murieron 20 cazadores, 13 sufrieron graves heridas que les acarrearon una invalidez grave y 846 sufrieron lesiones de menor gravedad». «Esta escalofriante estadística de muertos y heridos se une al impacto natural de un supuesto deporte claramente minoritario (lo practican un millón de españoles, apenas un 4% de la población)». «La caza es peligrosa para los propios cazadores, para los que trabajamos en el campo y también para todos los animales, pero nada hay más fácil que hacerse cazador, conseguir una licencia de armas y salir al campo a pegar tiros», denuncian los agentes forestales. El año pasado, en 2013, hubo un fin de semana particularmente sangriento, el último de octubre, que se saldó con cuatro cazadores muertos por disparos de escopeta en Castellón, Asturias y Lugo. El fallecido en Galicia era menor de edad, 17 años; integraba una batida de jabalíes junto a algunos familiares, según fuentes de la federación. Al parecer, se trataba de un premio por haber aprobado tercero de la ESO.

Hasta ahora, si un agente de la autoridad impedía el paso por una cacería, el senderista nada tenía que hacer. En otros casos, es el propio cazador quien informa del peligro, y ahí cada uno es libre. Muchos apuestan por un mapa informativo como solución; es decir, una especie de web que anunciara todas las cacerías y donde el senderista pudiera consultar. Pero Sánchez lo considera un imposible: «Hay pueblos que en su web aún tienen puesto al alcalde anterior, así que ¿cómo vamos a confiar en que eso pueda funcionar, en que todas las cacerías estén bien anunciadas y señalizadas? No es factible. Imagina todas las batidas que se celebran en la península, para eso debería haber mucha coordinación. Quizá sería mejor pensar en que cada municipio pusiera unos carteles con las monterías e información para senderistas sobre rutas alternativas. Y puestos a pedir, una ley nacional de caminos. En Fitur se nos llena la boca con nuestra orografía, parece que aquí todos somos montañeros y senderistas, y luego te viene un señor con escopeta y te dice que por ahí no pasas. Ahora, lo de prohibir por ley va en contra de un derecho de lo más básico».

Algunos señalan que, en realidad, solo se trataría de poner por escrito algo que todos los senderistas cuando se ven en una de estas hacen por propia iniciativa, porque se encuentran a algún agente de la autoridad que les prohíbe el paso o porque algún cazador escopeta en mano les hace las recomendaciones que pocos se atreven a ignorar. Íñigo Muñoyerro es senderista entregado, experto de montaña de EL CORREO, setero y aficionado a la caza menor. A su juicio, una normativa así no haría más que proteger mejor a los senderistas. «Porque, de hecho, cuando te topas con una cacería lo mejor que puedes hacer es apartarte. Especialmente si estamos hablando de caza mayor, tienes posibilidades de que te alcance un disparo. Otra cosa es que te fastidie, claro, a todos nos ha pasado varias veces eso de que vas al monte y adiós a la excursión. Llegas y te das cuenta de que te pueden descerrajar un tiro, así de claro. Además, los cazadores conocen el coto, pero los conejos y los jabalíes no, se pueden salir de él, y ahí estás tú. Por otro lado, los pueblos cercanos obtienen mucho dinero de las monterías, mucho más que de los senderistas. A mí, y en este caso hablo como senderista, pensándolo bien, me parece acertado, para protegernos. Lo mejor sería una ley que regulara bien las fechas y las zonas donde se va a cazar para que así los senderistas, los seteros, supiéramos a qué atenernos».

Prohibir a los cazadores

Otros, sin embargo, llegan a pensar: ¡Cómo que prohibir el paso al senderista, que se lo prohíban a los cazadores! Pero la caza da dinero, mucho, muchísimo. Mariano Barceló tiene una empresa en Albacete que organiza todo tipo de cacerías. Recibe clientes en grupos que oscilan entre los diez y los treinta cazadores. Pueden llegarle a pagar cantidades que van desde los 300 euros hasta los 5.000 por jornada. «En la caza mayor, cada día se pueden llegar a pagar entre 40 y 50 jornales (gente que trabaja en ello), y cada jornal supone unos 50 o 60 euros. Y no contamos el dinero que la gente se deja en hoteles, restaurantes, etc… Imagina luego los cientos, miles de cacerías que se pueden organizar un fin de semana en toda España. Por nuestra parte, nosotros nos ocupamos de todos los pagos que hay que hacer a consejerías, ayuntamientos, al algunos puedes llegar a pagarles hasta mil euros, a los veterinarios, dinero por permisos de caza… Hay que señalar además que con esta actividad se suele dar trabajo a la gente desempleada de la zona».

En total, este sector puede llegar a mover unos dos mil millones de euros anuales, como reconoce el reputado naturalista Joaquín Araújo en un artículo publicado en vozpopuli.com, donde aborda también otras cifras de la caza: «Cerca de 30 millones de animales superiores no llegan a viejos todos los años por causas no naturales». Y añade: «Cada temporada de caza convencional se salda con unos 250 millones de balas y cartuchos gastados. Las casi 120 toneladas de bolitas de plomo que han surcados casi todos los aires de este país frenarán para siempre a cuatro millones de conejos, tres de perdices, uno de codornices, otro de liebres y hasta 5, siempre millones, de otros tipos de aves. Las balas de los rifles, por su parte, acaban con 120.000 jabalíes, 60.000 ciervos y otros 30.000 grandes mamíferos entre gamos, corzos, arruis, muflones y cabras montesas. 140.000 zorros completan las estadísticas oficiales de lo legalmente cazado. La necrológica anual de vidas silvestres se completa con otros de dos a tres millones de animales que mueren por causa de la caza ilegal, es decir lazos, trampas y veneno, más otros ocho millones de vertebrados que son atropellados en las carreteras o se estrellan contra ventanales, faros y otras infraestructuras como los cables de conducción eléctrica».

Aunque también el senderismo da pasta. Los empresarios turísticos de las zona que rodea el parque extremeño de Monfragüe se sorprendieron en diciembre cuando la consejería de Medio Ambiente autorizó una cacería en pleno puente de la Constitución, una de las épocas en las que reciben a más visitantes. Las autoridades recomendaban no transitar por determinados senderos de una finca privada situada dentro del parque desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde del domingo. Al recibir la comunicación para que avisaran a los turistas, los empresarios se echaron las manos a la cabeza e intentaron que cambiaran la fecha, pero no hubo manera. Los hosteleros reconocieron, además, que solo son capaces de avisar al 20% de los turistas, porque muchos se alojan en otras zonas o van y vienen en el día. El Gobierno asegura que se trataba de un control de poblaciones, pero los empresarios no entienden que algo así se programe para un domingo de puente. Por su parte, los ecologistas recuerdan que encima aquí se está hablando de un parque nacional, donde la caza está «prohibida» y «además se subordina el derecho de los ciudadanos a disfrutar de la naturaleza en este parque nacional al derecho a cazar en una finca privada», según SEO/Birdlife. La organización asegura, por otro lado, que no tenía ningún conocimiento de que hubiera planeada una acción de este tipo.

No todos los cazadores están de acuerdo con una posible prohibición a los senderistas. La Federación Gallega de Caza ya se ha desmarcado. Opina que en los montes gallegos no se dan situaciones conflictivas entre ambos colectivos y que los cazadores ya se preocupan de tomar medidas para eliminar o al menos rebajar el peligro. Por su lado, hay senderistas que intentan tomarse con humor la idea de la prohibición, y ya crean vídeos como este (pinchar para verlo) con los que defienden «el derecho a transitar por los caminos públicos».

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