Lugo: los accidentes viales con animales disparan los seguros de caza

La proliferación de sentencias judiciales que condenan a los tecores –terreno cinegéticamente ordenado– de la provincia a indemnizar por los accidentes de tráfico que provocan las especies cinegéticas ha ido encareciendo las pólizas de seguro a las que hacen frente las agrupaciones de cazadores.
Aunque el secretario de la Federación de Caza en la provincia de Lugo, José Manuel Vidal, asegura que “no tiene conocimiento” de que se haya producido alguna renuncia a la práctica de esta actividad deportiva por el incremento de precio en los seguros, sí admite que algunos de sus asociados “tienen verdaderos problemas” para conseguir que alguna compañía aseguradora los avale.
En ese sentido, detalla que, pese a que no son obligatorios, “prácticamente todos si no todos” los tecores cuentan con estas pólizas. De hecho, Vidal explica que en la provincia la federación trabaja con media docena de compañías distintas y señala que “la mecánica” es similar a la que siguen los conductores con sus seguros: cuando detectan que el precio es muy elevado, se promueve un cambio de aseguradora para rebajar el importe a pagar.
El secretario de la Federación de Caza aclara que “existen muchos factores” que afectan al importe de la póliza, entre los cuales cita la superficie que ocupa el coto y la siniestralidad que haya tenido en los últimos meses antes de la renovación del contrato. A este respecto, Vidal ejemplifica que para una superficie común de unas 2.000 hectáreas, el seguro de un tecor con poca accidentalidad puede situarse en el entorno de los 600 u 800 euros, mientras que en aquellos que se caractericen por una elevada siniestralidad puede alcanzar los 3.000 o 3.500 euros.
Según la experiencia de Vidal, las zonas a las que pertenecen los cotos son un elemento crucial a la hora de determinar el precio. Así, subraya que los seguros serán más caros en “un tecor en la zona de Terra Chá, Meira o Villalba, con una importante población de animales y con carreteras con muchas rectas que permiten velocidades más altas en los conductores”. En el polo opuesto, la orografía y el tipo de vías que existen en zonas como O Courel “reducen mucho la posibilidad de que se produzcan estos accidentes”, lo que abarata las pólizas.
En la otra parte implicada, la de los conductores accidentados, hay que tener en cuenta que la mayoría de compañías de seguros de automóviles ya dan la posibilidad de contratar una cobertura opcional para este tipo de siniestros, como explica José Rego, de Plus Ultra. Rego detalla que el procedimiento “habitual” es que la aseguradora asuma los costes de reparación del vehículo y que luego decida si emprende un proceso judicial para reclamar su responsabilidad a los colectivos de cazadores.

Tecor Carballido-Bóveda 

Uno de los últimos casos de este tipo fue la ratificación de la Audiencia Provincial de la condena impuesta a la Sociedad Deportiva de Cazadores Carballido–Bóveda por un importe cercano a los 6.000 euros después de que un corzo provocase un accidente de tráfico al irrumpir en la calzada. Esta resolución se produce pese a que el Tecor no tenía autorizada ninguna batida para el mes en que se produjo el siniestro (mayo de 2013) y a que, por ello, el tribunal reconoce explícitamente que “no fue consecuencia de la acción directa de cazar”.
Sin embargo, la Audiencia se basa en la existencia de “falta de diligencia en la conservación del terreno acotado”, razón por la que desestima el recurso de apelación de los condenados contra la sentencia del 1 de septiembre de 2016 del juzgado de primera instancia número 5 de Lugo. De hecho, el fallo de esta última también argumentaba la condena en que durante 2013 “no se adoptaron por parte del Tecor medidas de conservación, protección o aseguramiento para evitar la salida de animales a la vía pública”.
En su fallo, la Audiencia Provincial señala que la sociedad de cazadores podría haber adoptado “otros métodos”, como señales olfativas disuasorias, la construcción de pasos específicos para la fauna, la colocación de reflectantes en los márgenes de las carreteras o la presencia de guardas de campo, unas medidas que en opinión de los cazadores “son inasumibles” por su coste y porque, en algún caso, ni siquiera dependen de los cotos sino exclusivamente de la administración.
Con todo, el tribunal lucense recoge en su pronunciamiento que en este espacio sí existían “señales de tráfico que alertan de la presencia de animales salvajes en la calzada y a que se ha cumplido con el cupo de capturas fijado”, aspectos que considera “insuficientes” para eximir de responsabilidad a la sociedad de Carballido–Bóveda.

 

“La nueva legislación acota más las causas de indemnización”

La regulación de los siniestros causados por un animal se contempla en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que, hasta 2014, recogía dos supuestos en los que se podrían reclamar responsabilidades por accidentes con especies cinegéticas: que los siniestros fueran consecuencia directa de la acción de cazar o de la falta de conservación adecuada del coto, según explica el abogado Javier Pérez-Batallón.
Según este letrado, “la interpretación” que de este texto, hoy derogado, realizaban los tribunales lucenses es “restrictiva y singular”, una opinión que comparten también algunos cazadores. Pérez-Batallón explica que para el primer supuesto los jueces estimaban que un siniestro producido en un plazo de 48 horas tras la celebración de la cacería podría atribuirse a esta acción, con independencia del punto exacto en que tuviese lugar el hecho, “pese a que los cotos tienen centenares de hectáreas”. “Es como si por un disparo en Santo Domingo se considerase que un corzo se pudiera asustar en Garabolos e invadiese allí la carretera”, ejemplifica. Sobre el segundo tipo de causas (la mala conservación del coto), este letrado ve “más razonable” la opinión de la Audiencia Provincial de Ourense, que vincula este supuesto en exclusiva a la superpoblación de animales.

Para zanjar esta disparidad de criterios, la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial de 2014 precisó en su disposición adicional novena los casos indemnizables restringiéndolos, exclusivamente, a aquellos que sean “consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquel”, así como a aquellos otros que tengan su origen en “no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”, circunstancia que imputan a la administración pública “titular de la vía”.

Por otra parte, Pérez-Batallón detalla que la nueva Lei de Caza de Galicia, de 2013, incluso ha contemplado, ante la proliferación de sentencias condenatorias a los cotos por el supuesto mal estado de conservación, la posibilidad de certificar que están cumpliendo con el respectivo plan de ordenación cinegético y así darles “mayor certidumbre y mayores certezas” a los cazadores ante estas eventualidades.

Pese a estas novedades legales, Pérez-Batallón señala que desde su entrada en vigor “han seguido llegando algunas sentencias en una línea similar” a la de Bóveda-Carballido, una denuncia de la que también se hace eco el secretario de la Federación de Caza en la provincia.

 

Fuente: elprogreso.galiciae.com

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