La UNAC denunció públicamente el convenio al suponer un incumplimiento flagrante de diferentes preceptos legales.
Recientemente el Defensor del Pueblo de Castilla y León (Procurador del Común) tras analizar, revisar y estudiar jurídicamente el convenio suscrito con fecha 30 de mayo de 2017, entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación de Caza de Castilla y León para la realización de actividades de control poblacional, ha instado a su anulación.
Según el Defensor del Pueblo, dicho convenio, entre la Consejería y la Federación de Caza (una entidad deportiva), debe ser anulado “al suponer un incumplimiento flagrante” de diferentes preceptos legales.
Además, en su Resolución esta Institución requiere a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a que se proceda a la aprobación de los planes cinegéticos de los Cotos regionales de Caza y de las Zonas de Caza Controlada, a que la distribución de los permisos de caza en estas zonas se den a quienes estén en posesión de la correspondiente licencia de caza, y a que la gestión de dichas zonas se adjudique en contrato de concesión mediante pública licitación.
Para finalizar el Procurador del Común realiza el ruego al órgano que corresponda de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, para que le notifique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la Resolución en el plazo de dos meses.
La Unión Nacional de Cazadores (UNAC) ya denuncio esta situación públicamente el día 5 de noviembre de 2017: “La Junta de Castilla y León discrimina a los cazadores no federados y adjudica “a dedo” el control de especies cinegéticas en terrenos públicos” (http://unacaza.es/noticias/noticiasver.asp?id=1120), indicando que era un favoritismo hacia una entidad deportiva como es la Federación de Caza, además de una imposición a los cazadores que quisieran participar en dicha labor de control poblacional en terrenos públicos, al obligarles a poseer una licencia deportiva/federativa. Ahora el Defensor del Pueblo de Castilla y León (Procurador del Común), nos da la razón, exigiéndole a la Consejería de la Presidencia su anulación.
La UNAC considera que algunas Comunidades Autónomas y sus Autoridades están incumplimiento flagrantemente diferentes preceptos legales, simplemente para favorecer a entidades deportivas (Federaciones de Caza, Clubes Deportivos y Federados) en perjuicio de los cazadores y sus asociaciones de caza, algo que no debería de suceder.
Texto disponible en la siguiente dirección de la web del Procurador del Común (Resoluciones):
