En la prensa

El TSJ obliga a la Junta a pagar a un cazador 9.261 euros por un lobo que le decomisó

Medio Ambiente no pudo entregar el animal porque los ladrones robaron el almacén de La Culebra y se llevaron cinco cabezas de cánido, ocho de ciervo y una de corzo.

El cazador riojano nunca salió de su asombro, que iba a más a medida que se sucedían los acontecimientos desde que mató un flamante lobo en los ámbitos en la meca del cánido: la Sierra de la Culebra.

Cinco años después de lograr abatir al predador, obligada por los tribunales, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León le indemnizó con 9.261 euros por el lobo abatido y que la guardería medioambiental de la Culebra le requisó, pero cuyo cuerpo se echó a perder, junto a otros, porque se descongeló el frigorífico donde lo guardaban y que, para mayor colmo, su cráneo (trofeo) finalmente también perdió la Junta porque fue robado junto a más de una docena de trofeos de ciervo y corzo del santuario que tiene Medio Ambiente en el valle del Casal, en el corazón de la Reserva Regional de Caza de La Culebra.

Todo comenzó cuando el riojano, haciendo uso de la autorización para abatir un lobo en el coto de Gallegos del Campo, logró en la mañana del día 28 de febrero de 2013, un lobo macho. Como marca la legalidad, la guardería medioambiental y la Guardia Civil fue puesta al corriente del resultado.

La denuncia

La alegría del cazador se truncó cuando la guardería le denunció porque, según argumentó, mató el lobo en un día de fortuna, con nieve, «que limita de forma relevante el escape y defensa de los animales». En consecuencia, al riojano fue sancionado por una infracción grave con 437,25 euros de multa y la retirada de licencia de caza e inhabilitación por un año.El expediente fue recurrido.

La cuestión de la nieve fue algo controvertido porque, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la guardería hablaba «de 25 centímetros» y el agente de campo de «11 en el punto más alto, y 4 en el más bajo». La defensa señala que la Junta medía «donde había escobas». Además, la defensa probó que ese día otro lobo había marchado por el mismo lugar, y las huellas lo evidenciaban, sin dejar a su paso «ningún arrastre de nieve en la carrera, lo que indica que su escape y huida no estuvo limitada por la nieve».

El TSJ anuló en marzo de 2016 la resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambienteque desestimaba el recurso presentado por la defensa del cazador contra el expediente sancionador.  Con el fallo a su favor, el cazador reclamó el 10 de mayo de 2018 la devolución del dinero, más intereses, y la devolución de la pieza de caza.

Cráneo de lobo ibérico

La sorpresa mayúscula llegó cuando el Servicio de Medio Ambiente de Zamora, en cumplimiento de la sentencia, remitió un inesperado informe de la Dirección Técnica de la Reserva Regional de Caza de La Culebra, relativo al lobo decomisado.  «La citada pieza de caza, una vez decomisada, fue entregada -el día que se abatió- al agente medioambiental jefe de comarca de la Reserva de La Culebra quien, siguiendo la cadena de custodia, la guardó convenientemente vigilada en la cámara frigorífica de la oficina de la Reserva en Villardeciervos». Sin embargo, prosigue el informe, «el 6 de mayo de 2013 la cámara frigorífica sufrió un fallo en el suministro eléctrico y, en consecuencia, todos los cuerpos de piezas de caza almacenados (entre ellos varios lobos) sufrieron un proceso de descongelación irreversible e incompatible con una nueva congelación, por ello se optó por guardar sólo las cabezas (trofeos de caza), llevándoselas el día 11 a las dependencias (almacenes bajo llave) que la Junta de Castilla y León dispone en el monte El Casal, de Tábara».

A falta de cuerpo, el riojano quiso el cráneo, que pudo entregarse porque, según recoge el informe de Medio Ambiente, este almacén sufrió un robo y se sustrajeron cinco cabezas de lobo, entre otros trofeos. 

La defensa del cazador reclamó, a cambio del lobo, el dinero equivalente al valor del cánido, una valoración que la propia Junta tiene establecida en 9.261 euros, y un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia ha obligado a la Junta a abonar el importe.

Fuente: laopiniondezamora.es

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