«¿Por qué este escándalo por lo que debería ser tan pacífico como la trasposición de directivas comunitarias?»
Hace apenas días que se ha hecho público que el Gobierno retiraba el borrador de modificación del Reglamento de Armas, por lo que se limitará a una trasposición estricta de la normativa europea en esta materia a la que había que adaptarse.
¿Por qué este escándalo por lo que debería ser tan pacífico como la trasposición de directivas comunitarias? Pues porque es tradición en España que, cada vez que hay que tocar el famoso reglamento, alguien pretende aprovechar la ocasión para establecer nuevas trabas, aumento de sanciones o, en general, nuevas limitaciones al uso de las armas. Insisto; no es la primera vez que esto ocurre, porque siendo Alfredo Pérez Rubalcaba Ministro del Interior con ZP, pasó algo parecido. Analizando las circunstancias, se dieron las siguientes muy similares:
- En ambos casos se trataba de un Gobierno absolutamente alterado y al que se ya se le había puesto plazo de caducidad, con fuertes críticas incluso dentro de su partido, con las baronías en pie de guerra, porque la acción del Gobierno podría arrastrar las elecciones autonómicas y locales.
- España estaba inmersa en problemas muy importantes y que movilizaban con gran efectividad a la opinión pública hacia ellos, hasta casi monopolizar la capacidad de atención del público y de los mismos políticos.
- En ambos casos se planteaban unas limitaciones y exigencias en el uso de armas que no venían justificadas por situación previa, ni por reclamación política de nadie, hasta el punto de que, cuando llegó al ministro, lo dio carpetazo de inmediato.
Dicho de otro modo, que en ambos casos, siempre a mi juicio, quien redactó esos proyectos de modificación se la intentó colar al ministro del ramo, pensando que, como estaba en otras cosas, esto pasaría desapercibido.
No creo en las casualidades y a esas similitudes se une el que el nuevo texto se haya presentado, deprisa y corriendo, mal hecho, inconexo y contradictorio, que echaba por tierra todo el mucho trabajo y los textos ya redactados y consensuados con el sector. Ergo ha habido alguien con autoridad suficiente como para tomar esa decisión, que parece ser que no ha sido el ministro, porque en cuanto le ha llegado lo ha dado carpetazo.
No hay que ser muy listo para ver que esa decisión del nuevo (y pésimo) texto proviene enteramente de la Intervención Central de Armas de la Guardia Civil (ICAE). De igual forma, hay que ser muy cándido para creer que esto no responde a un interés muy particular de esa ICAE.
Considero impresentable que ningún departamento de la Administración se crea con derecho a una opinión independiente y separada de su organigrama, asumiendo idearios y voluntades que no le corresponden. Y es claro que la ICAE, por la razón que sea, desde hace decenios quiere establecer un régimen muy férreo sobre el uso, comercialización y fabricación de armas, así como que se lo toma como cuestión personal, estimando que en la búsqueda de su objetivo le son lícitas maniobras políticas impropias de la Administración. Bien porque se la haya querido colar (otra vez) a un gobierno agónico, bien porque haya optado por un texto de máximos, como medio de negociación, esa actitud no le corresponde a un departamento técnico. Cosas tan absurdas como que los cuchillos de caza tengan que ir numerados, guiados y deban se guardados en armeros, pero no los de carniceros, sólo son entendibles, o en el summum de la estupidez, o en una maniobra política de negociación dirigida a un sector muy determinado. Y bien por estupidez, bien por excederse en sus atribuciones, se echa de menos una exigencia de responsabilidades a los jefes de la ICAE.
La ICAE debe creerse un ministerio dentro de un ministerio, actuando con una libertad y autonomía incomprensibles. Sólo así se entiende la pésima calidad jurídica de los textos legales relacionados con su materia, en los que no es posible que ningún otro departamento jurídico del Ministerio meta el lápiz. Sólo así se entienden, por ejemplo, las contradicciones infumables que se dan en los anexos del Real Decreto 679/2014, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, lo que da lugar a un caos jurídico calculado que le permite hacer lo que le viene en gana en el comercio de estos materiales, promover detenciones mediáticas, la ruina y cierre de muchos industriales y comerciantes (por más que sistemáticamente le ganan los juicios a la Administración), a mayor gloria de titulares laudatorios en periódicos y de una absoluta inseguridad jurídica. Sólo así se entiende, por ejemplo, que quieran exigir un armero blindado (y cada vez más blindado) a los particulares, para cada vez más tipos de armas, mientras que consideran que, para guardar sus pistolas reglamentarias, “las taquillas que el personal tiene adjudicadas en el interior de los acuartelamientos, reúnen las suficientes condiciones de seguridad y son lugar idóneo”. (sic)
Con lo anterior quiero decir que, pese a la alegría del sector armero y cazador por la retirada del borrador de marras, ello no nos debe hacer perder de vista qué es la ICAE, cuáles son sus pretensiones y cual su forma de funcionamiento. No es admisible su absoluta impunidad y ausencia de enjuiciamiento de la calidad de su trabajo. Lo que han hecho es muy serio y desvela una vocación de dirigir la alta política en cuanto afecta a sus funciones.
Quiero dejar fuera de esta crítica, muy expresamente, a aquellos miembros de la tan querida Benemérita que trabajan en destinos en la ICAE o en cualquier Intervención de Armas de nuestras comandancias, porque ellos no son directores de su política de funcionamiento, sino fieles servidores de las órdenes que reciben. Mi crítica va a la cabeza, si bien es verdad que en la ICAE existe un espíritu de absoluta autonomía e impunidad que se mantiene intacto desde hace demasiado, sean quienes sean sus directores y jefes.
¡Por favor, que quien le corresponda ponga control en la ICAE!
