La cruz filiar: ‘¡No es una broma!’

Juan Caballero

La posible inconstitucionalidad de, nada más y nada menos, diez artículos de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha no es ninguna broma pesada inventada por grupos ecoabandonistas o por otros opositores al anterior gobierno de dicha región. 

Así lo avala la Resolución de 15/06/2015 de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en relación con la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. El citado despropósito lo firman el señor Montoro, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y el señor Leandro Esteban, como consejero de Presidencia y Administraciones Públicas.

El toledano, al menos en esto de la caza, será un consejero difícil de olvidar por esta despedida al más puro estilo del que realizó Napoleón de tierras rusas.

En el mundo de la caza nadie podía pesar que hubiera duda sobre la inconstitucionalidad de diez artículos de la nueva Ley. La razón es clara, ya que participaron en su elaboración el Servicio Jurídico de la Consejería de Agricultura, el Gabinete de Jurídico de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, la Secretaría General de la citada Consejería; el Servicio Jurídico de las Cortes regionales y el Consejo Consultivo de nuestra región. Este último se supone que tiene autonomía orgánica y funcional que garantiza su independencia y está compuesto por juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional. ¿Quizá no…?

Personalmente, no dudo de la profesionalidad y el saber de los juristas reseñados, cosa que claramente hace el señor Esteban. Nuestra actual Ley de Caza la componen ochenta y siete artículos, de las cuales dudan de diez. Personalmente, me parece excesivo y poco creíble. Han aceptado una comisión bilateral de discrepancias, dando por ello una imagen de mala praxis técnica y jurídica en la elaboración de la Ley.

Cabe al menos preguntarse quién sale beneficiado con esta actuación y no cabe duda que los grupos ecoabandonistas, los socios del nuevo Gobierno y el propio PSOE, que actuaron activamente contra el proyecto de Ley. Con seguridad, los amigos del abandono de las zonas rurales son los que a través del Ministerio se encuentran detrás de este desaguisado.

Nuestro anterior Gobierno, o al menos su representante para esta faena, y nunca mejor dicho, no se lo ha podido poner más fácil a la Plataforma Anticaza y Antiley de Caza.

Al discurso tan manido y tan poco convincente en el mundo cinegético y en el mundo rural en general, de una ‘ley de ricos’ que mataban perros y gatos, se le adjunta otro más convincente, como es el de una ley ilegal, que jurídicamente es insostenible y que no hay más remedio que derogarla. Por el momento, ni una sola voz de altos responsables del PP ha criticado, como decía, este despropósito.

La justificación que hacen desde el Ministerio, de estos diez artículos, se basa en lo que pueden ser argucias y mezquindades de mala fe, al establecer como hechos cuestiones fácilmente rebatibles. Es el caso de ausencias de premisas que realmente la ley contempla, prohibiciones derivadas de legislación básica que no son tales, al existir excepciones en la misma legislación, como es el caso de la caza nocturna del jabalí, o no poder desarrollar la responsabilidad de daños causados por especies cinegéticas al considerarlo exclusivamente del Estado. En referencia a esto último, las distintas leyes existentes en el resto de autonomías lo contemplan, incluida la anterior de Castilla-La Mancha del año 1993.

El propio Gobierno saliente no sólo le ha dado la puntilla a su propia Ley de Caza, que es buena y poco mejorable, sino a sus propios funcionarios, al cuerpo jurídico y al técnico. Facilitan echar por tierra el trabajo de más de dos años, al que finalmente apoyó todas las grandes asociaciones del sector cinegético, siendo ésta la única ocasión en que estuvieron de acuerdo.

Es de cajón que más hubiese valido publicar la orden de vedas de este año, que está ocasionando graves perjuicios a cotos, organizadores y a los que perderán jornadas de trabajo, y no llegar al acuerdo para formar una comisión bilateral para estudiar la anticonstitucionalidad de la Ley de Caza.

Juan Caballero 

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