La caza enfrenta una temporada marcada por el coronavirus, la crisis en el sector de la carne de caza y la incertidumbre por el futuro de los parques nacionales.
La Fundación Artemisan considera que la nueva temporada general de caza, que se inicia en estos próximos días, puede registrar un 30 % menos de actividad comercial, en un año marcado por el coronavirus, la crisis en el sector de la carne de caza y la incertidumbre por el futuro de los parques nacionales.
La situación de crisis sanitaria mundial debido a la Covid-19 supone un escenario distinto en el que cazadores y cotos han tenido que adoptar protocolos y medidas que garanticen la seguridad en una actividad que se ha demostrado esencial, aún más si cabe en estos momentos.
Cabe recordar que la falta de control de poblaciones durante el Estado de Alarma supuso graves perjuicios para agricultores que sufrieron cuantiosos daños en sus cosechas, a lo que se sumaron los accidentes de tráfico y otros daños relacionados con la sobreabundancia y la invasión de espacios públicos, aprovechando la ausencia de personas, por jabalíes y otras muchas especies.
Todo ello llevó incluso a la declaración de emergencia cinegética en diferentes zonas y a la autorización de controles poblaciones durante el propio Estado de Alarma en prácticamente todas las comunidades autónomas.
El presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schummer, considera «imprescindible que se tome nota de lo ocurrido para evitar situaciones similares en el futuro, entendiendo el control de especies como actividad esencial si se diese un nuevo contexto de confinamiento».
Crisis en el sector
Una crisis sanitaria que se está traduciendo también en importantes pérdidas para el sector de la venta de carne de caza, que se ha visto gravemente afectada por el confinamiento, con la paralización de la actividad en establecimientos hosteleros que habitualmente son grandes compradores y por la ralentización de la actividad económica en general.
Es previsible que esta situación sume a la disminución de la actividad cinegética, cuyo producto va a afrontar dificultades para encontrar salida en un mercado que se va a ver reducido por la bajada del consumo en la hostelería y de la actividad económica en general, y por la propia existencia de excedentes de la temporada anterior que no encontraron espacio en el mercado.
En cuanto al sector turístico, López-Schummer considera que prácticamente se perderá el 100% de cazadores extranjeros que todos los años venían a España a modalidades como el ojeo de perdiz, la montería tradicional española o los recechos de cabra montés, entre otros.
Eso supondrá no solo un grave perjuicio económico para los gestores sino, asimismo, una pérdida en la economía de los pueblos en los que este turismo aportaba importantes ingresos, en empleos directos y en un importante complemento de renta para miles de españoles.
Para el presidente de Artemisan, el problema no es solo económico, sino que la disminución de la actividad supondría además un incremento exponencial de las poblaciones cinegéticas que provocarían daños irreversibles al medio natural, se incrementarían los daños a la agricultura y los accidentes de tráfico, sin olvidar las repercusiones en la sanidad humana y animal.
Peste porcina africana crisis
No hay que olvidar el temor de la entrada en España de la peste porcina africana y sus graves consecuencias sobre el sector cinegético, pero sobre todo en el sector porcino.
Por ello, el presidente de Artemisan lanza un llamamiento a las administraciones competentes para, durante esta temporada, reducir la burocracia para el normal desarrollo de la caza.
Como ejemplo, señala que dejar de cazar 100.000 jabalíes en esta temporada supondría triplicar ese dato en las poblaciones de especies de caza en España el siguiente año, cifra que supondría llegar a un punto de no retorno en las sobredensidades cinegéticas.
Además, recuerda que, junto con la Real Federación Española de Caza, se ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas del Cazador ante la Pandemia del Covid-19, sumado a los numerosos protocolos desarrollados por las federaciones autonómicas para garantizar la seguridad de los cazadores y de la propia actividad cinegética.
«El sector está preparado para abordar esta nueva situación», ha recalcado.
Parques Nacionales crisis
El sector también se enfrenta en esta temporada a la incertidumbre ante la entrada en vigor de la prohibición de cazar en Parques Nacionales el próximo día 5 de diciembre, una vez finalizada la moratoria establecida en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales sin que se hayan previsto acuerdos con los propietarios de los terrenos, lo que podría costar en torno a 320 millones de euros a todos los españoles en indemnizaciones.
Tampoco se han diseñado estrategias para paliar el grave impacto en el desempleo y la situación socio económica de los municipios del entorno, que tienen en la caza una de sus principales fuentes de ingresos, y ni si quiera se han puesto sobre la mesa medidas para realizar el necesario control poblacional que, de no realizarse, generaría graves daños a la fauna y flora de estos espacios, afectando así a su principal valor.
700.000 licencias y 187.000 puestos de trabajo crisis
Todas estas cuestiones sin duda van a marcar una temporada para un sector que cuenta con en torno a 700.000 licencias en España y que genera alrededor de 187.000 puestos de trabajo, según los datos recogidos en el Informe de Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por Deloitte para Fundación Artemisan.
El estudio revela también que el importante impacto de la caza no es únicamente económico, sino que supone además un trabajo constante en conservación de ecosistemas, recuperación de especies protegidas y mejorara del mundo rural, con una inversión privada en esta materia por parte del sector de cerca de 290 millones de euros.
En este sentido, el presidente de Artemisan señala que la Fundación «seguirá trabajando, junto con los cazadores, la Real Federación Española de Caza, federaciones autonómicas, entidades, empresas, benefactores y los cientos de colaboradores a título particular, en defensa de un sector esencial para la conservación, para la economía, para el mundo rural y para la sociedad en general».
