Anticorrupción traslada a Valencia la investigación de las cacerías de Castellano

La Fiscalía Anticorrupción inició desde Madrid la investigación sobre un presunto cohecho, prevaricación, falsedad documental y delito fiscal en la adjudicación de los contratos de la extinción aérea de incendios a Avialsa T35 por parte de Serafín Castellano, desde Gobernación, así como en los presuntos regalos de cacerías por parte del empresario Vicente Huerta al político.

Esas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por el ex gerente de la empresa, Francisco Alandi, con abundante documentación y en la que citaba informaciones de Levante-EMV sobre los gastos (al menos 429.000 euros) en jornadas cinegéticas, camuflados en otros conceptos, en las que participaron, entre otros, el entonces conseller Huerta o el constructor José Miguel Pérez Taroncher, amigo de Castellano y beneficiado por éste en contratos a dedo.

Las actuaciones se trasladarán desde Madrid hasta la delegación valenciana de la Fiscalía Anticorrupción, según pudo confirmar ayer este periódico en fuentes judiciales. Los fiscales de Valencia serán los encargados de continuar con las pesquisas sobre el alcance de la conexión existente entre la adjudicación de contratos por valor de 34,1 millones a Avialsa desde 2008 y la docena de cacerías pagadas por Vicente Huerta, con presencia de Castellano la mayoría de las veces.

La empresa Aprovechamientos Cinegéticos S. L., que organizó tanto las monterías como los ojeos de caza menor, facturó a la Fundación Medioambiental Huerta por servicios de consultoría e informes inmobiliarios, como contó este diario el 2 de octubre de 2013. En toda la facturación no aparece ni una sola perdiz, ni un pato, ni ciervos. En la denuncia presentada recientemente por el ex directivo llega a tildar de «falsas» todas estas facturas, en la medida en que, apuntaba, «se alteraban conceptos para generar gastos» a fin de lograr beneficios fiscales.

El denunciante señalaba que se cargaron a la fundación «regalos a políticos», como Serafín Castellano y «otros conseguidores» con la intención de «obtener favores para su grupo empresarial». Además de las cacerías, la fundación abonó la factura de 1.861 euros de un rifle Browning semiautomático comprado por la fundación a la armería de Sagunto Peña Armes Esports. El arma se le entregó el 26 de noviembre de 2008. Castellano ha negado que las cacerías y el rifle fueran costeadas por el contratista y ha argumentado, lo mismo que el empresario, que esa firma ha recibido adjudicaciones del servicio aéreo antiincendios «desde tiempos del Icona». «Desde la época de Franco», declaró Huerta a este diario.

Entre las actuaciones bajo sospecha figuran, según la denuncia, «modificaciones contractuales» para adaptarse a la incapacidad de Avialsa para aportar los aviones exigidos en el pliego de condiciones. Durante dos años seguidos, Castellano y el empresario pactaron, en plena campaña de verano, modificar el contrato y alterar, a petición de Huerta, el pliego de condiciones de una adjudicación de 11,7 millones. El conseller aceptó avionetas viejas por nuevas sin ser penalizado y sin que se convocara de nuevo el concurso.

FRANCESC ARABÍ | VALENCIA

vía Anticorrupción traslada a Valencia la investigación de las cacerías de Castellano – Levante-EMV.

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