El día «D» del celador de Ancares

Fuente: diariodeleon.es

 

Una vista preliminar en el juzgado número ocho de Ponferrada decidirá mañana si el celador de la Reserva de Caza de Los Ancares acusado del incendio que calcinó más de trescientas hectáreas en Porcarizas y Campo del Agua el 17 de octubre del 2011 sale indemne del proceso o por el contrario, debe someterse a un juicio oral con jurado en la Audiencia Provincial de León.

Acabada la instrucción del caso y con el Ministerio Fiscal, la acusación particular representada por la Junta de Castilla y León y las acusaciones populares de Ecologistas en Acción y la Fundación Oso Pardo reclamando entre cinco y 18 años de cárcel, el pago de una indemnización que ronda los trescientos mil euros y en algunos casos también la inhabilitación para desempeñar su trabajo en la Reserva, el juez deberá decidir si la imputación contra Alberto G.G. continua adelante o archiva el caso.

El magistrado podrá adoptar su decisión en la misma vista preliminar convocada a partir de las 9.00 horas o hacerlo mediante un auto, en un plazo de tres días. La vista cerrará, en cualquier caso la investigación judicial del incendio llevada a cabo por el juzgado número ocho. Las partes personadas, según fuentes judiciales, podrán aprovechar el acto para pedir que se añada al expediente alguna diligencia que pueda practicarse en el momento.

Alberto G.G, se encuentra en libertad tras el pago de un fianza de 10.000 euros y con el pasaporte retirado por entender el juez que existe riesgo de fuga, ya que tiene arraigo familiar en Suiza y el acusado solicitó modificar su régimen de comparecencias en el juzgado cuando se encontraba en el país helvético para asistir al nacimiento de un nieto.

La defensa del celador solicitará la absolución del acusado y ya ha impugnado las acusaciones de las partes. El abogado de Alberto G.G, de acuerdo con las primeras declaraciones del acusado ante el juez, entiende que «la importante enemistad manifestada por algunos vecinos de la zona a los cuales el acusado había sancionado o perseguido por actos ilícitos administrativos en contra de la Reserva de los Ancares» explican la imputación por un delito de incendio a la que ese enfrenta. La defensa ha solicitado que el expediente incluya un estudio psicológico que descartaría que el acusado sufra tendencias pirómanas y se repita el informa de la Guardia Civil con la medición del teimpo que tarda un todoterreno como el que conducía el acusado en recorrer la zona del incendio para que Alberto G.G. intervenga en la prueba como conductor.

El celador insiste en que se encontraba en casa de una vecina de Villar de Acero en el momento del incendio, aunque está denunciado por Ecologistas en Acción —que pide 18 años de cárcel al considerarle responsable de un delito de incendio continuado— por aportar falsos testimonios para construirse una coartada, al igual que sus testigos.

El celador, que en su día fue sancionado por caza furtiva con un amulta de 650 euros, también está denunciado por supuestas amenazas contra una joven que denunció que había roto la orden de alejamiento del monte que se le impuso después de que la Junta no tuviera más remedio que readmitirle tras seis meses de suspensión.

 

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