El portavoz adjunto de PP en el Congreso, el ciezano Teodoro García, aseguró el pasado 4 de mayo, tras mantener una reunión en Alhama con representantes del sector de la caza de la Región de Murcia, en la que participó también la parlamentaria nacional Isabel Borrego, que su partido protege «los 1.500 puestos de trabajo que dependen de la actividad rural entorno a Sierra Espuña», ya que «defiende el aprovechamiento económico de determinados animales exóticos» como el arruí.
«Apoyamos, sin fisuras, a los cazadores y pescadores en sus reivindicaciones», dijo García, porque se trata de un colectivo «implicado en la conservación de la naturaleza ya que su gestión en los cotos de caza contribuye a la preservación del medio natural».
El dirigente popular aseguró que alrededor de 10.500 cazadores y unos 4.600 pescadores se beneficiarán así en la Región de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. La modificación de esta ley en el Congreso se ha producido después de que, hace unos meses, Ciudadanos y PSOE «cambiaran su posición contraria para permitir, por ejemplo, que la población de arruís en la Región, que es de unos 15.000, siga en nuestros montes».
García definió a los colectivos de cazadores y pescadores como «grandes dinamizadores de la actividad económica y de generación de empleo en zonas rurales con riesgo de despoblamiento», por lo que precisó que «su actividad contribuye a fijar la población en el territorio por la actividad que genera». Otras especies invasoras que se beneficiarán de esta modificación son la trucha arco iris, la carpa, el cangrejo rojo y el visón americano, que también han recibido el «indulto administrativo, desactivando así la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016, que obligaba a erradicarlas por su carácter dañino y afección negativa en los ecosistemas».
Por ello, el diputado ciezano considera que se debe dejar de atacar a este gremio «porque hablamos de un colectivo que tiene un absoluto respeto por la naturaleza y su conservación», y por ello desde el PP defendemos que «esta actividad debe protegerse mediante ley».
Fuente: laverdad.es
