El juez rechaza archivar el caso del celador incendiario de Ancares y la Junta le pide 230.000 euros

Fuente: DiariodeLeón.es – M.J. Alonso, Ponferrada, 19/06/2012

La acusación solicita nuevas pruebas, como las conversaciones telefónicas o la ampliación de los informes. Los ecologistas aseguran que el imputado presentó testigos falsos y estudian ir contra Medio Ambiente.

 

En medio de la polémica surgida por su vuelta al trabajo tras los seis meses de inhabilitación, el celador de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares imputado por un presunto delito de incendio forestal se sentó ayer frente al juez. Lo hizo en la sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Ponferrada pero no respondió a ninguna pregunta. La citación no era más que para determinar si los afectados exigían o no indemnización por daños y ratificar la imputación de Alberto García. Él fue un mero espectador. No obstante, la defensa aprovechó la toma de declaraciones para solicitar el sobreseimiento del caso amparándose en los testimonios de los testigos presentados por el celador. La petición fue rechazada por el juez.

Por su parte, la Junta de Castilla y León le reclamó una indemnización de más de 230.000 euros por los costes derivados de las labores de extinción del fuego y, junto al resto de acusaciones, solicitó nuevas pruebas. Sobre todo la ampliación de los informes periciales efectuados por la Guardia Civil y el Seprona para determinar si puso en peligro la vida de personas o espacios protegidos, así como un registro de las conversaciones telefónicas que tuvo el imputado el día de los hechos —el 17 de octubre del 2011— y en jornadas posteriores. Con ello tratan de esclarecer la veracidad de las declaraciones de los testigos presentados por la defensa, que argumentaron estar con él en el momento del fuego. Y es que desde la acusación están convencidos de que estos testimonios son «totalmente falsos».

«Dos de los cuatro testigos han resultado manifiestamente falsos y con el resto pasará lo mismo», aseguró el abogado de los colectivos ecologistas —encabezados por Ecologistas en Acción— que se han personado como acusación, Simón López Quero. El letrado sostiene que hay errores demostrados en los testimonios y adelanta que una vez culminado este proceso iniciarán «una acción penal contra ellos por falso testimonio». Pero no es la única acción programada por los conservacionistas que han solicitado saber si a la hora del incendio Alberto García estaba trabajando. De ser así, «vamos a pedir la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta» por ser el celador trabajador de esta Administración, explicó López Quero.

Además de la Junta y los ecologistas, la acusación la conforman también la Fundación Oso Pardo y el Ministerio Fiscal.

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