Gestión y Medio ambiente

Un falso informe ecologista. Desmontando con argumentos…

Hace apenas dos años, Ecologistas en Acción publicó un informe titulado ‘El impacto de la caza en España’. El informe acierta en denunciar ciertos problemas del sector cinegético, pero yerra en muchas afirmaciones con poco sustento científico. Por su actualidad, traemos a nuestras páginas este artículo que desmonta una por una todas sus falsas afirmaciones.

Analizamos algunos de los aspectos que más nos han llamado la atención, citando literalmente algunas de sus afirmaciones y respondiendo a continuación.

1.- ¿Un sector a la baja?

¿Somos minoría? En el informe puede leerse: «Más allá de las consideraciones éticas o del reconocimiento del hecho de que cazar puede constituir para una minoría de los integrantes de la sociedad española (1,69 % en 2010) […]».
Una minoría de casi un millón de personas. ¿Las organizaciones ecologistas en España, entonces, qué son? Según los datos disponibles en 2013 tenían 180.000 socios.

«Si bien es verdad que la caza en España la practica cada año un menor número de personas, el sector se ha ido fortaleciendo como grupo de presión social y económico, probablemente como reacción desesperada ante la pérdida del potencial cuantitativo».

En efecto, existe una reducción en el número de licencias, pero el sector no está reaccionando desesperadamente, más bien se está organizando y fortaleciendo. Un ejemplo son las asociaciones cada vez más numerosas y con más presencia en nuestra sociedad (Juvenex, Jocan, Jocaex, ACE, CCBP, etcétera…).

«[…], y por la pretensión de convertir la actividad en una industria más, con un notorio afán mercantilista que se alimenta de la progresiva intensificación».

Es cierto que la caza puede definirse como una industria, al igual que los grupos ecologistas tratan de comparar y convertir en ‘industria’ otras actividades, aun alejadas del potencial de la caza y en ocasiones cuestionables si no se realizan de forma ética, como el turismo de observación de fauna.

La caza genera cerca de 55.000 empleos y más de 3.600 millones de euros con datos de la temporada 2010-20111.

2.- ¿Demasiada normativa y poco armonizada?

«El ordenamiento jurídico español en materia de caza está lejos de ajustarse al espíritu de la legislación europea y por tanto debe ser objeto de sustanciales mejoras».

La actividad cinegética está adaptada a la normativa europea, y es una actividad legal y bien regulada. El problema radica en que la normativa europea es genérica y no se adapta a la realidad biológica y fisiológica de muchas especies en nuestras latitudes. Tampoco debemos olvidar que muchas normativas ‘marco’ de la Unión Europea, como las Directivas Aves y Hábitat, cuentan ya con más de veinte años de antigüedad, sin apenas haber evolucionado, mientras que la situación de las especies e incluso el clima y hábitat cambiantes sí lo han hecho.

3.- ¿Cazadores viejos, trasnochados y ricos?

«No existen muchos estudios a escala nacional que identifiquen con claridad el perfil, o más bien los perfiles sociológicos, en los que cabría encuadrar a los distintos tipos de cazadores».

Sí existe y en él se indica que en 2002 el perfil era eminentemente masculino, con una media de edad que sobrepasaba los 40 años e iniciado en la caza por tradición familiar2. La caza es una actividad social, muy arraigada al medio rural y se corresponde con un acto ligado a vínculos etnográficos y culturales.

«Según González-Arenas3, refiriéndose a los cazadores, suelen incentivar la eliminación de estas especies competidoras, incluso las protegidas. Además, en este aspecto, normalmente la sociedad no suele imponer ningún tipo de sanción y cuando lo hace es de manera muy escasa».

A pesar de que hasta la década de los ochenta la cultura del control de especies competidoras estuvo muy arraigada (fomentada desde la propia Administración), hoy nos encontramos con un cambio de mentalidad, en el que estas malas prácticas son cada vez más testimoniales y tanto sentencias como sanciones han sido en muchas ocasiones promovidas por el propio sector4.

«El turista cinegético que acude a los cotos españoles para cazar en modalidades de ojeos y tiradas de perdiz o bien en pos de los trofeos de mayor suele ser un viajero residente en otros países europeos, con un alto poder adquisitivo que le permite sufragar gastos elevados».

¿Es un problema que lleguen cazadores extranjeros con alto poder adquisitivo? A España llegan cada año más de 70 millones de turistas (incluyendo cazadores), muchos de ellos con alto poder adquisitivo que generan riqueza y progreso para mucha gente. ¿Y por qué no se menciona a otros cazadores de menor poder adquisitivo que también vienen a cazar?

4.- ¿Oligarquía?

El informe de EA sobre la caza sostiene: «No es de extrañar que el lobby cinegético, en defensa de sus intereses particulares, se constituya como una oligarquía que presiona a los diferentes estamentos que controlan el funcionamiento de la maquinaria estatal, llegando a influir […] en todos los poderes del Estado».
Pero cualquier lobby tiene el derecho de defender sus intereses, y si hay uno organizado en España que presiona a los distintos estamentos ése es el denominado ecologista, del cual EA es parte.

«Existen numerosas evidencias de la existencia de un lobby cinegético español».

Evidentemente, existe un lobby cinegético, como también existe uno anticaza, del cual EA es parte. El cinegético no pretende sino defender un aprovechamiento de las especies de caza sostenible, ligado a la conservación de los espacios y especies donde se práctica, adaptado a los territorios y económicamente beneficioso para el medio rural, sin radicalismos.

«Los gestores de caza y propietarios de fincas cinegéticas […], son quienes obtienen los grandes beneficios directos o indirectos que genera la actividad, se encuadran entre los sectores más pudientes de la sociedad».

La caza es una actividad legal que puede ser practicada por cualquiera que cumpla con los requisitos anteriormente descritos y no es sólo cosa de ricos3. EA no menciona la caza social ni los sectores de la clase media que cuentan con una representación muy arraigada en la gestión y titularidad de fincas y cotos de caza.

«Y resulta difícilmente controvertible el hecho de que las invitaciones y los sistemas de relaciones de negocio que se derivan de los encuentros de los oligarcas en estos espacios de recreo son el lubricante perfecto para mover el engranaje de la macroeconomía estatal y transnacional».

La actividad cinegética sirve de punto de encuentro entre los agentes que participan en ella, en la que se afianzan relaciones y se estrechan lazos, si bien no pensamos que esto pueda ser un aspecto negativo. ¿No será que EA se ha quedado estancado en los tópicos de siempre?

«Este considerable número de practicantes (de la caza), en su inmensa mayoría no son gestores, productores y, en último extremo, receptores del grueso de los beneficios económicos de la industria cinegética».

En efecto, la mayoría de cazadores no perciben beneficios económicos simplemente porque no se dedican a actividades cinegéticas, sino que  disfrutan de ellas como una actividad lúdica, social y cultural.

«Defienden, en definitiva, una liberalización del sector en todos los sentidos (simplificación burocrática, incremento del número de especies cazables, ampliación de los periodos hábiles, exenciones fiscales, etc.)».

Los cazadores persiguen una adaptación de la legislación a la realidad cambiante de los entornos donde se caza, en la que impere la adaptación de cupos, periodos hábiles y especies cazables con la conservación de especies cinegéticas y no cinegéticas.

«Según reconoce Andrés Gutiérrez Lara, refiriéndose a datos del bienio 2003-2004, «mueve en dinero blanco, controlado por Hacienda, unos tres mil millones de euros». Sin embargo, también señala que los datos apuntan a que el sector «genera un negocio del orden de seis mil millones en dinero negro, sin facturas»».

Si hay dinero negro es un delito y el camino es denunciar. En los últimos años el sector se ha sometido a una intensa vigilancia por parte de la Agencia Tributaria personándose incluso inspectores durante las jornadas para comprobar que todo era correcto.

5.- ¿La caza no es compatible con la biodiversidad?

«Más complicado resulta saber […] cuánto dinero público recibe la caza, es decir, cuánto nos cuesta esta actividad a la ciudadanía española. […] Castilla-La Mancha y Extremadura subvencionaron hasta hace poco la actividad con parte de los fondos públicos (759.681 y 841.000 euros, respectivamente)».
No disponemos de estudios sobre ‘lo que cuesta’ la caza a la ciudadanía española, pero muy posiblemente menos de los 4 millones de euros que algunas organizaciones ecologistas vienen recibiendo de la Administración (según datos del 20135 y que no incluyen EA), y dudamos que éstas sean capaces de generar al menos 3.600 millones de euros al año.

«La caza –tanto legal como ilegal– se considera como uno de los factores que pueden incidir negativamente sobre la biodiversidad al incrementar procesos de sobreexplotación de las especies silvestres y favorecer la introducción de especies invasoras».

Sí, es cierto, la caza ha sido responsable de la disminución de algunas especies e introducción de otras6,7. Pero se ignora que la caza no es siempre un factor negativo8 y que pueden recuperarse poblaciones a partir de una gestión aplicada con criterios científicos9.

El problema se encuentra, sin duda, en la ausencia de investigación en la mayor parte de especies ibéricas, por lo que la culpa de todo «siempre recae en la caza». EA no cita estudios que señalan que aves y mamíferos ligados a medios agrícolas y la biodiversidad en general han experimentado un declive pronunciado en Europa occidental desde hace ya varias décadas por la intensificación en la producción agrícola10, 12 mucho más preocupante que la propia actividad cinegética.

«Debe considerarse que los mecanismos de gestión inherentes al modelo actual de caza, caracterizado por generar múltiples impactos […], intervienen directamente en la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats en los que se desarrolla la actividad cinegética».

No hay duda de que los manejos más intensivos pueden derivar en la pérdida de hábitat y especies que en él habitan, junto con problemas sanitarios13. Pero de nuevo se ignora el hecho de que muchos cotos han sido capaces de retener hábitats de alto valor ecológico14 y favorecer tanto a las especies cinegéticas como no cinegéticas (incluyendo especies en peligro15,16).

6.- Cazar o no cazar, ésa es la cuestión

“Es evidente que cualquier infraestructura o actividad en el medio natural genera un impacto, como también lo hace el turismo de naturaleza, o las vías de comunicación”.

«Algunas de estas especies se diferencian con dificultad, particularmente si se considera la gran velocidad a la que –en la mayoría de los lances– el cazador debe tomar la decisión de disparar o no en función de que pueda identificar a una especie protegida o cinegética».

Un cazador debe diferenciar entre especies cazables y no, y si existe duda es obligatorio no disparar. Por desgracia, existen aún indeseables, que no cazadores, que no respetan este aspecto y es una lacra a erradicar, al igual que lo es aquellos que desean la muerte de personas por el hecho de ser aficionados a la caza o los toros.

«No menos de 21,6 millones de animales (para el año 2013) son abatidos por los diferentes métodos autorizados de caza mayor y menor. Estos números […] nos dan una idea de la pérdida directa de biodiversidad de la que es responsable la caza en España».

La caza se ejerce sobre especies cuya captura es legal, bajo planes de aprovechamiento que garantizan la sostenibilidad de las poblaciones sobre las que se realiza. Los cazadores son los primeros interesados en la conservación de las especies para su aprovechamiento futuro. No existen muchos estudios sobre los beneficios de la caza de ciertas especies para la biodiversidad y la sociedad en su conjunto, como es el caso del jabalí17, pero sí se conoce el impacto de las altas densidades de ésta y otras especies sobre la biodiversidad18.

7.- ¿Es la caza la culpable de la situación de tórtola y codorniz?

“En los últimos dieciséis años las poblaciones europeas de tórtolas han disminuido entre un
30-49%, pero no puede afirmarse que la caza sea el principal problema para su conservación”.

«Actualmente, (la caza) de la tórtola europea y la codorniz, resulta extraordinariamente perniciosa en lo que respecta al mantenimiento de sus poblaciones».

En los últimos dieciséis años las poblaciones europeas de tórtolas han disminuido entre un 30-49%, pero no puede afirmarse que la caza sea el principal problema para su conservación. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Extremadura comprobó que la presencia de cebaderos20 para la especie suponía un incremento de la presión cinegética, pero aumentaba también el éxito reproductivo, por lo que el propio trabajo concluye que sería imprescindible profundizar en el análisis de los efectos positivos y negativos de ésta y otras prácticas. En el caso de la codorniz, también sabemos que se ha producido una disminución importante21, pero, como en la tórtola, su regresión ha ido pareja de la transformación del medio agrícola. Hace unas décadas, cuando el hábitat en zonas de invernada y cría aún no había sido modificado, estas especies eran muy abundantes y existía un mayor número de cazadores y por ende presión cinegética. Debería realizarse más investigación para determinar el impacto de cada uno de los factores implicados.

«La media veda es la época en la que más rapaces y otras especies protegidas son abatidas por disparos accidentales o intencionados». 

Como existen ladrones o violadores en cualquier sociedad moderna y no por ello se estigmatiza al conjunto, también en la caza existen indeseables que aún disparan, accidental o intencionadamente, a especies protegidas. Una lacra que entre todos debemos eliminar.

8.- El control de depredadores

Pocas CCAA lo están aplicando, en muchas ocasiones por la presión de grupos ecologistas, a los que parece no interesar la regulación y normalización de la figura del especialista en control de predadores.

«Según Díaz-Ruiz & Ferreras, la persecución histórica ejercida por el hombre ha contribuido al declive de algunas de estas especies a lo largo del tiempo. España no ha sido una excepción en la persecución de los depredadores tiempos históricos22».

No hay duda de que la mano del hombre está detrás de la regresión de ciertas especies de predadores, tanto aves como mamíferos23, 24, siendo intolerables los ataques que muchas especies siguen sufriendo. Sin embargo, tampoco es menos cierto que el contexto en el que se produjeron éstas, fue muy diferente al actual, en las que diferentes organismos y entidades relacionadas con la caza participan activamente en programas de conservación de especies amenazadas, como el lince, lobo, oso y urogallo.

«Hay que considerar que uno de los elementos más determinantes (del control de predadores) es la propia solvencia técnica y responsabilidad del trampero».

Cierto. De ahí que en los últimos años se haya hecho un esfuerzo desde el propio sector para promover la figura del especialista en control de predadores (reconocido por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), si bien pocas CCAA lo están aplicando, en muchas ocasiones por la presión de grupos ecologistas, a los que parece no interesar en exceso la regulación y normalización de esta figura (imprescindible también para el control de especies invasoras, como el visón americano o el mapache).

«Para Díaz-Ruiz y Ferreras, las especies de depredadores que habitualmente se pretende controlar son generalistas, que presentan diversos mecanismos para compensar reducciones en sus poblaciones […]. A menudo el control sólo es eficaz a corto plazo, y en algunos casos ineficaz para reducir las densidades».

La investigación sobre los efectos del control de predadores en España sigue siendo muy escasa, y existen resultados mixtos sobre su eficacia 25, 26. Sin embargo, en otros países, se ha demostrado su efectividad27, siendo una de las claves para tener caza silvestre y cuidar también de otra fauna silvestre. En nuestra opinión, el objetivo del control de predadores ha de ser la reducción a corto plazo de la predación oportunista durante la época de cría, en combinación con el cuidado del hábitat.

«Las medidas de control de depredadores pueden tener efectos negativos sobre otras especies que no se pretende controlar».

Estamos de acuerdo y así lo dicen investigaciones disponibles23, 24, pero un control de predadores puede contribuir a la mejora de las especies cinegéticas y no cinegéticas 15, 28, especialmente en el caso de la caza menor y otras aves ligadas al medio agrario.

9.- El veneno y otras lacras

«WWF y SEO/BirdLife denuncian que los cebos envenenados es el método más usado para matar depredadores a escala mundial y está asociado principalmente a la caza y la ganadería extensiva. Una parte de estos sectores usan este método masivo, no selectivo e ilegal para eliminar animales que consideran dañinos para el ganado o las especies de caza».

No hay que andar con paños calientes: según el informe, en las últimas décadas podrían haberse producido unos 185.000 envenenamientos, con un gran impacto en especies protegidas. La lacra del veneno sigue existiendo en nuestros campos, no siempre ni exclusivamente de la mano de los cazadores, si bien no parece que la solución se produzca pronto. No obstante, se agradecería que EA mencionara los avances que se están produciendo dentro del sector para que el veneno sea algo del pasado, y como en el informe no se cita el impacto que los venenos agrícolas legales están teniendo en especies agroesteparias29.

«Las muertes de animales por cazadores desaprensivos se siguen produciendo en España debido a que el sector cinegético sigue considerando a ciertas especies como ‘alimañas’, según su propia terminología».

EA yerra de nuevo a la hora de pensar que todos los cazadores consideramos a ciertas especies como ‘alimañas’, al igual que no es un término propio del sector, sino que se recoge en el diccionario de la RAE como un «animal dañino para el ganado o la caza menor».

10.- ¡Qué viene el lobo!

“Al sur del Duero, Castilla y León no permite su ‘caza ilegal’, sino el control de determinados ejemplares en términos de gestión, por lo que el sector cinegético carece de cualquier responsabilidad en este ámbito”.

«Mención aparte merece la situación del lobo al sur del Duero […] Desde 2008 la Junta de Castilla y León permite su caza ilegal (al sur del Duero) (camuflada como un mecanismo de control de su población, ejecutado por la propia Administración regional) vulnerando, tal como confirmó el Tribunal Supremo, la legislación europea y española sobre naturaleza, lo que ha puesto en peligro su conservación».

Cuando se publicó la Directiva Hábitats que protege a la especie, hace veinticinco años, la situación era muy diferente y con la protección al sur del Duero lo que pretendía era proteger a poblaciones aisladas ubicadas en Sierra Morena, entre otras, y que hoy están ausentes. Por el contrario, hoy el lobo cuenta con poblaciones estables y continuas en amplias zonas del sur (Ávila, Salamanca y Segovia), que podrían hacer asumible un cambio en la consideración y que no supondría un riesgo para su conservación. La Junta de Castilla y León no permite su ‘caza ilegal’, sino el control de determinados ejemplares en términos de gestión y siempre realizado por personal de la propia Administración, por lo que el sector cinegético carece de cualquier responsabilidad en este ámbito.

11.- Caza intensiva y comercial

«Lo que parece incontrovertible es que en el momento actual, la caza, en sus diferentes modalidades, constituye una importante fuente de ingresos […]. Es decir, la caza es un negocio en la España del siglo XXI».

Evidentemente, se trata de un importantísimo motor dinamizador y de desarrollo del medio rural que no debe considerarse como un aspecto negativo, sino lo contrario.

«[…] si hay un tipo de modalidad cinegética en la que la práctica de la actividad tiene un enfoque intrínsecamente economicista, esta es la caza intensiva y comercial […]».

EA critica la intensificación de cotos de mayor y menor, hecho con el que estamos de acuerdo por las conocidas consecuencias negativas a varios niveles cuando la gestión no se realiza de forma adecuada. En todo caso es necesario apuntar que, a pesar de que se quiera hacer ver lo contrario, los cotos intensivos suponen una minoría en relación con el total de superficie cazable en España, así como que se encuentran sometidos a la legislación cinegética y ambiental vigente en cada comunidad. Es necesario que el sector camine hacia modelos de aprovechamiento sostenible, aunque dudamos que EA esté a favor con nada que tenga que ver con la caza.

En todo caso, es discutible la afirmación de que el incremento de las poblaciones de mayor que se están produciendo en los últimos años se deba a la caza. El abandono de usos tradicionales del medio, como aprovechamientos forestales y ganadero, o la despoblación del medio rural30, están generando cambios en el hábitat que favorecen el crecimiento de poblaciones de jabalíes o ciervos que, de no ser por la caza, se incrementarían todavía más. Lo mismo sucede con «los cambios que ocurren en las comunidades leñosas en zonas con altas densidades de ungulados silvestres».

«Otras incidencias, muy polémicas por cierto, y que tienen que ver con la expansión de la caza mayor intensiva son aquellas que se relacionan con la seguridad vial en lo relativo a las colisiones de vehículos con especímenes (cada año más abundantes) de especies de interés cinegético para la caza mayor».

Parece ciertamente contradictorio que por un lado se diga que la caza mayor intensiva se realiza en fincas valladas y, por otro, se quiera responsabilizar al sector de los problemas de seguridad vial. Más aún cuando muchos de los puntos negros por accidentes con especies de fauna silvestre en España se ubican en el norte, donde apenas existen modelos intensivos de gestión.

Es evidente que, por desgracia, el número de accidentes con especies cinegéticas se incrementa cada año, pero no precisamente por culpa de la caza, sino justo por lo contrario: por un aumento exponencial de las poblaciones que no pueden ser controladas por los cazadores ni por la propia Administración, en ocasiones por la presión de grupos ecologistas, al igual que por un incremento en el número de desplazamientos y otros múltiples aspectos inherentes a factores sociológicos y no cinegéticos, como se pretende hacer ver de forma tendenciosa y sesgada.

«Como ya habíamos adelantado, la caza mayor intensiva produce graves impactos sobre las poblaciones de perdiz roja autóctona. Según Carpio y col., las poblaciones de perdiz roja han experimentado descensos poblacionales hasta de un 50 % en el periodo que va desde 1973 hasta 2002».

Las poblaciones de perdiz roja y de otras muchas especies ligadas al medio agrario han descendido en esos términos en los últimos años, si bien la bibliografía científica al respecto y que ya hemos citado, coincide, como cita el propio informe, en que es la destrucción del hábitat es el factor más destacado en causar este efecto y no, precisamente, la caza intensiva. Al igual que ocurre, por ejemplo, en el caso del urogallo cantábrico, en situación crítica debido, principalmente al crecimiento de las poblaciones de ungulados típicos31 .

12.- Exóticas e invasoras

En el caso de especies introducidas con fines cinegéticos, como el propio arruí, no está tan claro su efecto negativo, como recoge una publicación del año 201232, en el que se apunta a su contribución como mantenedor del paisaje mediterráneo en mosaico.

«Según la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) una especie exótica invasora es «una especie exótica que se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural; es un agente de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa». Según lo explicitado en el manifiesto Importancia de la lucha contra las especies exóticas invasoras, suscrito por SEO/BirdLife y apoyado por más de ochenta científicos y diferentes organizaciones de relevancia nacional e internacional, las especies exóticas invasoras «suponen una amenaza para nuestra biodiversidad, por los impactos que causan sobre las especies nativas por depredación, competencia, hibridación, introducción de enfermedades y parásitos, etc.»».

Es evidente que las exóticas e invasoras suponen un grave problema y numerosas amenazas para la conservación. Pero son el visón americano, el mapache o la cotorra argentina, por citar algunas, las especies más preocupantes desde este punto de vista por comprometer poblaciones silvestres de especies autóctonas o generar problemas sanitarios, algunos zoonósicos, y no las que se pretenden destacar en el informe. Coincide, además, que ninguna de ésas o de otras muchas han sido introducidas con fines cinegéticos, sino que debido a sueltas irresponsables por parte de propietarios cansados de mascotas mal adaptadas a la cautividad o, lo que es peor, a acciones ecoterroristas en explotaciones peleteras legales, entre otras.

En el caso de especies introducidas con fines cinegéticos, como el propio arruí, no está tan claro su efecto negativo, como recoge una publicación del año 201232, en el que se apunta a su contribución como mantenedor del paisaje mediterráneo en mosaico.

13.- La cetrería

En cuanto a la cetrería, comienza el informe cuestionando su declaración por parte de la Unesco de como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 16 de octubre de 2010, cuando se trata de una práctica milenaria, sostenible, de gran arraigo cultural y elevado valor etnográfico como así destaca en numerosísimas publicaciones.

«El lobby cinegético argumenta que la cetrería no provoca ningún impacto sobre las especies con las que se desarrolla, y se esgrime la declaración de la Unesco para justificar que es una actividad tradicional que se desarrolla «en equilibrio con la naturaleza»»» y que puede incluso beneficiarla. Nada más lejos de la realidad. El seguimiento de nidos de especies que se utilizan en cetrería e importantes intervenciones de los cuerpos de seguridad, han permitido relacionar cetrería, expolios y comercio ilegal y evidencian que esta actividad termina siendo un negocio que contribuye a la pérdida de biodiversidad y al beneficio de unos pocos. También los cada vez más frecuentes escapes de aves de cetrería están favoreciendo que algunas de estas especies o híbridos puedan terminar por convertirse en invasores, perjudicando al equilibrio natural y a las especies autóctonas».

La cetrería cuenta con una estricta normativa que obliga a los criadores a llevar a cabo un anillamiento de los pollos nacidos cada año, a acreditar la cría en cautividad mediante análisis de sangre de los ejemplares y a contar con una documentación que recoja toda esta información, por lo que es una práctica bien regulada. De nuevo se intenta atribuir un hecho delictivo que dista de la realidad general de una práctica selectiva, sostenible y sin impacto en la naturaleza. No debemos olvidar, además, que muchos grandes cetreros han contribuido, y lo siguen haciendo, con sus habilidades y conocimientos, a que programas de conservación de aves amenazadas lleguen a buen término.

14.- Infraestructuras, vallados y molestias

«La caza genera molestias»
Cita el informe que se «caza todo el año», lo que genera «molestias»; sin embargo, no detalla que las modalidades y especies cazables son diferentes en cada momento y lugar, de modo que las órdenes de veda tratan de adaptarse a la fenología de las mismas, como así lo exige también la normativa nacional y europea. Por otro lado, son muchas las modalidades asociadas a recechos, aguardos y esperas, cuyo impacto es mínimo.

«Algunas de las infraestructuras tienen importantes efectos negativos sobre la biodiversidad en virtud de su contribución a la aparición del denominado «efecto barrera», directamente relacionado con la existencia de vallados perimetrales en los cotos de caza mayor o la apertura de cortaderos-tiraderos o caminos en el interior de las fincas cinegéticas».

Es evidente que cualquier infraestructura o actividad en el medio natural genera un impacto, como también lo hace el turismo de naturaleza, o las vías de comunicación, si bien, cualquiera de ellas, debe encontrarse bien regulada y ejecutada de forma legal, como lo es la actividad cinegética y sus infraestructuras (minoritarias comparativamente con las vías de comunicación, entre otras). De nuevo el informe pretende atribuir a una práctica legal y bien regulada unas connotaciones negativas que no son ni mucho menos exclusivas del sector.

15.- Impacto en parques nacionales y Red Natura

Sobre la prohibición de la caza de perdiz con reclamo, el informe puntualiza:
«Esta modalidad de caza, contraria al cumplimiento de la Directiva de Aves, produce un doble impacto sobre las ya de por sí muy mermadas poblaciones de perdiz roja autóctona, pues se realiza en una época muy sensible para la especie».
Es posible que en el futuro las fechas de caza tengan que replantearse19, pero no existen datos sobre la sobreexplotación de poblaciones por esta caza y es posible que el efecto sea el contrario, al tratarse de una caza muy selectiva.

«La caza en los parques nacionales, no sólo es una actividad incompatible con el objetivo de la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en ellos representados, sino que interfiere en los aprovechamientos lícitos de uso público de los mismos».

El lobby ecologista no tiene problema con el control poblacional de ciertas especies en terrenos protegidos, pero clama al cielo si se lleva a cabo caza. La gran mayoría de parques nacionales y otros lugares emblemáticos fueron, en su origen, cotos de caza y gracias a ello han llegado bien conservados hasta nuestros días.

El control de especies es imprescindible en muchos de estos parques y, de no realizarse, dará lugar, más pronto que tarde, a epizootias que afectarán a las poblaciones sobredimensionadas, pero también a otras e incluso al hombre, como ocurre con la sarna. Estas poblaciones causan problemas sanitarios a la ganadería y comprometen la viabilidad de endemismos vegetales presentes en algunos de estos espacios.

La actividad cinegética es una herramienta más de la gestión de los parques nacionales y genera importantes beneficios para ellos. No debemos olvidar que un rasgo que caracteriza a estos espacios protegidos es que en ellos existe una población (humana) que debe ser respetada y ‘conservada’ puesto que ellos son y han sido los garantes de la conservación hasta nuestros días de esos espacios con sus usos, valores y costumbres, y no debemos caer en la tentación de regular desde cómodas oficinas urbanas actividades que, lejos de generar impactos negativos, son imprescindibles para mantener la identidad de los espacios.

16.- Maltrato animal

El informe cuestiona el control de perros y gatos ‘abandonados’, citando como ejemplo la Ley de Caza de Castilla-La Mancha «El artículo 7 de la Ley indica que «Los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de piezas de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico, previa autorización del órgano provincial, donde se especificará los medios de captura a utilizar, que en cualquier caso, serán selectivos y no actuarán en perjuicio de otras especies o de sus hábitats»». 

Pensamos que el artículo citado cuenta con una redacción sensata e impecable que nunca pone en peligro ningún animal ‘doméstico’, sino que trata de proteger los ecosistemas y la biodiversidad, utilizando a los cazadores como una ‘herramienta’ cuando así sea necesario, lo cual debería suponer un aspecto positivo y no algo a destacar negativamente, como así pretende el informe.

Existen estudios científicos demoledores que demuestran el grave impacto, por ejemplo, de los gatos domésticos sobre la biodiversidad34  y que deberían ser tenidos en cuenta también por el informe de EA.

«En el caso de maltrato por abandono, lamentablemente en el mundo de la caza son frecuentes tanto las omisiones de mantenimiento como el abandono directo (casos de abandono de galgos, perros de rehalas abandonados en el monte tras las monterías, etc.)».

De nuevo cae el informe en un nuevo tópico en relación con el mundo de la caza y el maltrato y abandono de perros. Sirva como ejemplo un informe solicitado por la Federación Española de Galgos al SEPRONA en relación con los datos reales de abandono y maltrato de perros en España, concretamente en el año 201335. El documento señala que del total de denuncias recibidas en relación con perros abandonados, tan sólo el 13 % lo fue para galgos y el 28 % para otros perros de caza, mientras que el resto (56%) fue para otras razas no de caza. Destaca aún más el dato en relación con el número de denuncias sobre perros ahorcados, de los cuales sólo un 6,6 % fueron galgos y más del 80% de otras especies no utilizadas en la caza. En cuanto a denuncias referidas a muertes o heridas de perros por golpes o palizas, nuevamente ‘sorprende’ que sólo un 7,5 % fueron perros de caza, incluidos galgos, mientras que un 86,6% fueron otras razas, lo que no hace sino reforzar la mala intención y la falta de objetividad del informe de EA.

Desde Ciencia y Caza defendemos la caza como una actividad sostenible, perdurable en el tiempo, social y de un alto valor dinamizador del medio rural, basada en prácticas legales y bajo criterios objetivos y estrictos de gestión y ciencia.

Aunque estamos de acuerdo con algunas afirmaciones recogidas en el informe de EA, no podemos asumir como ciertas otras que cuentan con evidencias científicas que las desmontan o que carecen de la objetividad necesaria que daría credibilidad al mismo, así como pensamos que el camino para garantizar la conservación de los ecosistemas ibéricos no es el del ataque o la confrontación entre los principales agentes interesados en ello, sino más bien lo contrario, y documentos como el que se cita en este artículo ayudan poco en este sentido. CyS

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Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad – Equipo Técnico de Ciencia y Caza (www.cienciaycaza.org)   Fotografías Redacción

 

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